La defensa del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de falsedad integral en su solicitud a Cabo Verde para facilitar su extradición, que avala el gobierno del país africano, si bien la Justicia caboverdiana tomará la decisión final.
En la impugnación presentada contra el aval del gobierno caboverdiano a la entrega de Saab, un documento de 60 páginas al que tuvo acceso Efe, los abogados del empresario aseguran que Estados Unidos ha violado el principio de lealtad penal en este caso.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La defensa presentó este mes un recurso de amparo del presunto testaferro ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, así como un recurso de oposición a la autorización dada por el Ejecutivo a la extradición, interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que debe adoptar la decisión final.
En el recurso de oposición, los abogados dicen que los actos imputados a Saab, contenidos en la solicitud de extradición firmada por la Procuraduría General de la República de Cabo Verde y en los documentos entregados por Estados Unidos, son todos falsos.
La defensa afirma que la idea de que el empresario colaboró y proporcionó a agentes de Estados Unidos pruebas de sus supuestos delitos, como figura en la petición de extradición, es una maniobra irrazonable para poner la extradición en ruta de colisión con Venezuela.
El retrato de un traidor
Los letrados acusan a Washington de ofrecer un retrato de Saab como traidor, cooperador y colaborador, en violación del principio de lealtad en los procesos penales, pues el proceso de extradición en curso en Cabo Verde es una prueba de que su cliente nunca ha brindado cooperación o colaboración a Estados Unidos.
Otra evidencia de la supuesta falsedad de esa cooperación es que, para ser verdad, el empresario habría recibido un estatus especial, no sólo para él, sino para toda la familia, que ya habrían sido integrados en un programa de protección de testigos.
«Nada de esto ha ocurrido», zanjan los abogados en el escrito. «Por el contrario, en los documentos entregados por Estados Unidos, la pena por delitos penales atribuidos en la extradición es de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de la acusación», lo que totalizaría una pena máxima de 160 años de cárcel.
En conclusión, el documento enfatiza que los hechos reportados como ocurridos en Florida nunca han tenido lugar y que Saab nunca ha cometido ningún acto en territorio Estados Unidos.
En ese sentido, los abogados de Alex Saab rechazan la intención de Estados Unidos de actuar más allá de su jurisdicción nacional, reclamando el derecho, con base en una supuesta jurisdicción universal, de arrestar y juzgar a ciudadanos extranjeros que residen en otros países por presuntos actos cometidos fuera del país norteamericano.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa sostiene que Saab tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.
Para alcanzar sus objetivos, el empresario contrató a un amplio equipo de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales, como el exjuez español Baltasar Garzón.