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Starbucks pagó $25 millones por «despido racial» de gerente en Philadelphia

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Un jurado de un tribunal federal otorgó 25,6 millones de dólares a una exgerente regional de Starbucks. La trabajadora alegó que ella y otros empleados blancos fueron despedidos de manera injustificada por motivos raciales. Esto tras la detención de dos hombres negros en un local de Philadelphia en 2018.

Shannon Phillips ganó el lunes 600.000 dólares en daños compensatorios y 25 millones en daños punitivos después de que un jurado de Nueva Jersey determinara que la raza fue un factor determinante en el despido de Phillips. Su despido violaría las leyes federales y estatales contra la discriminación, según informó Law360.

Lo que ocurrió en Starbucks

En abril de 2018, la gerente de una tienda de Philadelphia llamó a la policía porque dos hombres negros estaban sentados en la cafetería sin pedir nada. Ambos habían rechazado abandonar el local. Phillips, entonces gerente regional de operaciones al sur de Nueva Jersey y otros lugares, no estuvo involucrada en los arrestos. Sin embargo, perdió su trabajo menos de un mes después de oponerse a que otro gerente blanco fuera puesto en licencia tras el suceso; esto provocó una gran crisis en la compañía, según su demanda.

Phillips no era responsable de la tienda donde se produjeron las detenciones. No obstante, la razón de la empresa para suspender a la directora de distrito fue la alegación de que los directores de tienda negros cobraban menos que los blancos. La trabajadora, ante esto, dijo que ese argumento no tenía sentido. Los directores de distrito no influían en los salarios de los empleados.

La demanda alegaba que Starbucks estaba, en cambio, tomando medidas para “castigar a los empleados blancos” que trabajaban en la zona “en un esfuerzo por convencer a la comunidad de que había respondido adecuadamente al incidente».

Durante los alegatos finales del viernes, la abogada de Phillips, Laura Mattiacci, dijo a los miembros del jurado que la empresa estaba buscando un “chivo expiatorio”. Al parecer, buscaban calmar la indignación y demostrar que estaba tomando medidas, informó Law360. Elegir a un empleado negro para tal fin “les habría explotado en la cara”, declaró.

Negativa de la empresa

Starbucks negó las acusaciones de Phillips, diciendo que la compañía necesitaba a alguien con un historial de “fuerza y resolución” durante una crisis. Por esta razón, la reemplazó con un gerente regional que tenía esa experiencia; incluyendo el liderazgo después de los atentados del maratón de Boston 2013.

El abogado de Phillips, sin embargo, citó el testimonio anterior de un gerente de distrito negro. Este fue responsable de la tienda donde se produjeron las detenciones y describió a Phillips como alguien querido por sus compañeros y trabajó sin descanso después de los arrestos.

Phillips rompió a llorar y abrazó a uno de sus abogados tras la lectura del veredicto, informó Law360. En un correo electrónico, Mattiacci confirmó la cuantía de la indemnización y dijo que el juez estudiará la posibilidad de conceder salarios atrasados y futuros, así como los honorarios de los abogados. Mattiacci dijo al New Jersey Law Journal que pedirá alrededor de 3 millones de dólares por salarios perdidos, y aproximadamente 1 millón de dólares en su solicitud de honorarios.

Starbucks declinó hacer comentarios el martes.

Lo que se sabe de los arrestados

El video de la detención provocó protestas en todo el país y llevó al actual director general de Starbucks a pedir disculpas personalmente a los dos hombres. Más tarde, la empresa llegó a un acuerdo con ambos por una suma no revelada y una oferta de educación universitaria gratuita. También llegaron a un acuerdo con la ciudad de Philadelphia por una cantidad simbólica de un dólar cada uno y la promesa de las autoridades de crear un programa de 200.000 dólares para jóvenes emprendedores.

La empresa también modificó las políticas de las tiendas y cerró locales en todo el país durante una tarde para impartir formación sobre prejuicios raciales.

El Departamento de Policía de Philadelphia adoptó una nueva política sobre cómo tratar a las personas acusadas de allanamiento de una propiedad privada, advirtiendo a las empresas que no abusen de la autoridad de los agentes de policía.

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