Furiosas, las brasileñas han tomado las calles del país para protestar contra un proyecto de ley que obliga a las mujeres violadas a probar la violencia sexual para poder abortar legalmente.El proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, el evangélico Eduardo Cunha, obligaría a las mujeres a someterse a exámenes médicos tras ser violadas, lo cual no es necesario actualmente, según la ley brasileña. La propuesta de Cunha también torna un crimen el ayudar o inducir a una mujer a abortar y limita la definición de violencia sexual a las prácticas en que se comprueben daños físicos y psicológicos.Al grito de «¡Fuera Cunha!», miles de mujeres han salido a las calles de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia en los últimos días para pedir que se archive el proyecto y para que Cunha quien es investigado por corrupción en la estatal Petrobras, renuncie a la presidencia de la Cámara baja. «¡Criminal es Cunha! ¡Aborto legal ya!», piden las manifestantes.El aborto es un crimen en Brasil y podría tener un castigo de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, embarazo con riesgo de muerte para la mujer y, desde 1940, embarazo debido a una violación. «No vamos a desistir» La artista plástica Marcela Arruda, de 32 años, participó en una de estas marchas convocadas en las redes sociales en una suerte de «primavera feminista», junto a su madre y su tía, cargando a su pequeña hija al cuello. «Parece que estuviéramos en 1940, no en 2015. Conseguimos mucho, y no es ahora que vamos a desistir, aceptar calladas. ¡Van a escuchar nuestro grito!», prometió. El diputado a cargo del proyecto, Evandro Gussi, argumentó que el objetivo de la nueva ley es garantizar la seriedad de la investigación del crimen de violación y que «no haya dudas sobre la violación cometida». «Queremos que el examen del cuerpo de delito sea obligatorio para ayudar en el castigo del violador, porque cuanto más realizamos estos exámenes, mayores las posibilidades de castigar al violador, de meterlo en la cárcel», dijo el diputado. C Unas 850 mil mujeres se someten cada año a un aborto en Brasil. Los abortos legales suman unos 1.500 anuales, en su inmensa mayoría por violación. Pero muchas mujeres no concuerdan. «Lo que este proyecto de ley prevé es que el acceso al aborto legal, que ya es difícil, sea aún más restringido; impone aún más barreras para las mujeres víctimas de violencia sexual», consideró Sinara Gumieri, abogada e investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género.El proyecto de ley debe ser sometido a votación en el plenario este año y si es aprobado pasará luego al Senado. Un clima de miedo Incluso en los casos legales, no es fácil abortar en Brasil, el país con más católicos del mundo y donde aumenta la cantidad de evangélicos. Una encuesta nacional de Anis mostró que de los 68 centros de referencia para practicarse un aborto legal, solo 37 realizan el procedimiento. 14% de ellos exigen previamente una denuncia policial, un 8% un permiso de un médico forense y un 8% una autorización judicial, aunque la ley no lo reclama. Unas 850.000 mujeres se someten cada año a un aborto, estiman ONGs. Los abortos legales suman unos 1.500 anuales, en su inmensa mayoría por violación. «El escenario de criminalización amedranta a los profesionales de la salud» y «las víctimas son tratadas como sospechosas», apuntó Gumieri. Según la experta, un 36% de las mujeres que se han sometido a un aborto legal en Brasil son niñas o adolescentes que sufrieron violencia sexual, en la mayoría en su propia casa. El proyecto de ley amenaza asimismo la venta libre en farmacias de la «píldora del día después», que ingerida en un plazo de pocas horas tras una relación sexual impide la gravidez. «El proyecto de ley es vago, habla de procedimientos o medicaciones no abortivas. Es el caso de la píldora del día siguiente, un anticonceptivo de emergencia. La interpretación puede llevar a confusiones», dijo la diputada Érika Kokay, del gobernante Partido de los Trabajadores, que votó contra el texto en comisión. El texto se suma a una creciente agenda conservadora en el Congreso brasileño que estudia flexibilizar las reglas para comprar y portar armas, definir a la familia solo como la unión entre un hombre y una mujer y restringir el reparto de tierras ancestrales a indígenas.
