Venezuela está viviendo la crisis más grande de su historia, el desastre de la economía, la carestía de alimentos, falta de medicamentos de todo tipo, el caos en el sistema de salud pública, la inseguridad galopante que nos lleva a ser uno de los países más inseguros del mundo, la justicia injusta y complaciente, y otros más que ahora se me pueden escapar, nos ha llevado a vivir una situación que nunca ni nosotros, ni nuestros padres ni nuestros abuelos habíamos vivido. Hemos pasado de ser un país rico, donde en las medidas de las posibilidades de cada uno podíamos satisfacer nuestras necesidades básicas, sin el más mínimo contratiempo, a convertirnos en un país de mendigos donde el día se nos va consiguiendo algo para alimentarnos o una medicina que nos salve de la muerte.Diecisiete años de desidia, de malas políticas públicas, de un populismo barato, de promesas incumplidas aunado a los grandísimos niveles de corrupción que han enriquecido a muchos funcionarios públicos y sus amigos, todo esto ante una total impunidad por parte de los organismos de administración de justicia, nos ha llevado a sufrir lo que ahora estamos viviendo, el caos total del país.Como respuesta a la crisis el presidente de la república, responsable directo de todo lo que está pasando bien sea por acción u omisión, el pasado 13 de mayo dictó un decreto de estado de excepción y de la emergencia económica ante las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, fundamentándose en los artículos 337, 338 y 339 de nuestra Constitución Nacional que regula esta materia conjuntamente con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.Este decreto es una extraña mezcla de competencias económicas, sociales, políticas, ambientales, etc., que incluye facultades de los tres tipos de estado de emergencia que plantea la Constitución. Igualmente hay una serie de considerandos en los que culpa de manera directa a la oposición venezolana, la Asamblea Nacional, el decreto de Obama, El Niño, gobiernos extranjeros, grupos económicos nacionales, paramilitares, entre otros, cuestiones estas, que han motivado el decreto, por supuesto que en ningún punto se asumen responsabilidades propias y de su equipo de gobierno sino que se van por la vía mas fácil, culpar a los demás de lo que pasa, nada extraño a lo que están acostumbrados a hacer, culpar a los demás y no asumir su responsabilidad como en efecto la tienen.La Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo no aprobó el decreto de estado de excepción, requisito establecido en el artículo 339 de nuestra Constitución para su entrada en vigencia basándose en los siguientes planteamientos: ?Que el presidente de la república ha anunciado que mantendrá al país bajo estado de excepción durante el resto del año, poniendo de manifiesto su determinación de imponer su voluntad a toda costa, sin importar lo que establezca la Constitución y los controles que prevé, en una temática tan delicada para la vigencia de los derechos humanos como la de los estados de excepción. Que el Decreto N° 2323 declara un estado de excepción genérico, que bajo la denominación de emergencia económica comprende la materia política y otras relacionadas con el orden público, el mantenimiento de la paz social, la preservación del orden constitucional y el financiamiento internacional a organizaciones privadas, junto a las de índole natural y ecológica, con lo cual podrían ser afectados, indebidamente, derechos de carácter civil o político. Que el decreto vulnera varios derechos humanos o establece los fundamentos para su violación, mediante normas indeterminadas y habilitaciones genéricas. Que no puede invocarse el estado de excepción como pretexto para obtener una concentración de poderes y que el decreto de estado de excepción y emergencia económica suspende arbitrariamente preceptos constitucionales, como los relativos a las facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés público, a sus poderes de control político sobre altos funcionarios ejecutivos y de control presupuestario. Que el decreto se dicta en buena medida para reducir las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, en los ámbitos ya mencionados, con lo cual se está usando el estado de excepción para derribar la Constitución no para garantizarla. Que el estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho, ni puede justificar la vulneración de derechos humanos, y tampoco puede cercenar atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado. Que algunas de las medidas contempladas en el decreto pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y otras son disposiciones desmesuradas que se adoptan ante la negligencia o complicidad del presidente de la república frente a los problemas económicos que ahora según afirma intenta combatir. Que el decreto permite que se restrinja, con base en meras presunciones, la actuación de organizaciones privadas que reciban financiamiento internacional, bajo una regulación absolutamente vaga que favorecerá los abusos y la discriminación, en particular contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Que el decreto no alude a los controles internacionales a los que debe estar sujeto, con lo cual se reiterará la violación del orden internacional que se cometió con motivo del pasado decreto de emergencia económica, que no fue sometido a tales controles?.Igualmente la organización no gubernamental Control Ciudadano mediante un comunicado expresó: ?El decreto 2323, de fecha 13 de mayo de 2016, mediante el cual el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, declara el estado de excepción y de emergencia económica, no sólo viola disposiciones claves del Título VIII de la carta magna, referido a la protección de la Constitución, sino que además formaliza una dictadura de nuevo cuño en Venezuela?.Pienso que este decreto no va a solucionar los graves problemas que tenemos los venezolanos hoy en día sino que más bien los va a aumentar, tenemos que recordar que este decreto se podría considerar como una extensión a la emergencia anteriormente vigente desde el 15 de enero de 2016, la cual finalizó a mediados de mayo, al haberse cumplido los 60 días de validez, más la prórroga por un lapso similar, sin haber solucionado ninguno de los problemas que vivimos sino más bien agravarlos. La crisis actual es mucho peor que la que se vivía en enero de 2015 y tiende a profundizarse a medida que pasan los días.El presidente Maduro se ha investido de competencias, muchas de las cuales no le corresponden, con el fin de mantenerse en el poder, pudiendo con este decreto atacar y perseguir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a todos los que piensen diferente a él, entre los que están comerciantes, empresarios, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y todo el que a se le ocurra; son tiempos difíciles. Amanecerá y veremos.
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