El fiscal general venezolano designado por la asamblea nacional constituyente, Tareck William Saab, pidió hoy a la Cancillería emitir una protesta formal contra Colombia por permitir la celebración en su territorio de la sesión del llamado Supremo en el exilio que dio pie al inicio del proceso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por corrupción.
«Le hago un llamado a la Cancillería como fiscal general (…) hay que protestar a Colombia, al Estado colombiano en términos jurídicos legales la acción de conspiración desde su territorio contra nuestro país», dijo en una entrevista a la emisora Unión Radio.
Con ello se refirió a una sesión de deliberación que sostuvo el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, un grupo de magistrados designados por el Parlamento venezolano controlado por la oposición y que debían haber sustituido a otro grupo de juristas afines al oficialismo.
Estos magistrados fueron desconocidos por el gobierno de Maduro y, tras ordenarse su detención, huyeron del país y ahora realizan sesiones desde el exterior asumiendo las facultades de jueces.
A este grupo se han sumado además la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida por el chavismo luego de que esta hizo una serie de acusaciones contra el Gobierno e inició una serie de procedimientos por violaciones de derechos humanos contra funcionarios de seguridad pública.
En la más reciente sesión de los juristas venezolanos, aparentemente celebrada en Bogotá, se solicitó el retiro de la inmunidad al presidente Maduro para iniciar un proceso judicial por su presunta responsabilidad con los casos de corrupción en el país con la brasileña Odebrecht, un pedido que el Parlamento materializó este martes.
Saab calificó de «inadmisible en el derecho internacional público» que Colombia «preste un territorio, un salón oficial de una institución del Estado colombiano para atentar contra la democracia venezolana».
Se refirió a su antecesora, Ortega Díaz, como «una delincuente de altísima peligrosidad para el país» contra la que dijo tener «un cúmulo de pruebas».
«Estamos hablando de una delincuente internacional que convirtió el Ministerio Público en una guarida delictiva, donde yo la responsabilizó de ser la principal culpable de la quiebra del sistema de Justicia en Venezuela», dijo.
Se refirió a la ilegalidad de la decisión tomada por el Parlamento venezolano de aprobar el proceso de «antejuicio de mérito» contra Maduro y descartó que el acuerdo de los opositores el Legislativo tenga eficacia jurídica.
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