Marielys Valdez, inspectora general de tribunales, aseguró que sí existe una base legal para juzgar a civiles en tribunales militares. Explicó que cualquier agresión contra un funcionario del orden público puede costarle a un civil ente 15 y 20 años de cárcel.
“Hay un delito que se llama ataque al centinela, es una figura jurídica que se realiza contra un funcionario (GNB) que se dedica al resguardo del orden público (…) Quien lo cometa va a ser juzgado en jurisdicción militar por organismos militares”, afirmó este miércoles en entrevista a Venezolana de Televisión.
La titular indicó que hay antecedentes sobre civiles juzgados de esta manera: “Hubo una situación hace tres años en Fuerte Tiuna en la que una conjunto de mujeres civiles fueron juzgadas en tribunales militares por atacar una garita”.
Valdez considera que si los manifestantes usan excremento como método de defensa, incurren en uso de un arma biológica contra los funcionarios. Esto sería un delito tanto en el país como en la legislación internacional.
“El uso de estas armas, incluso las heces, reciben consecuencias porque pueden afectar las aguas y los sectores de una zona. No solo afecta a quien va dirigido, sino con el tiempo puede extenderse y causar enfermedades”, concluyó.