El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a consultas al embajador de su país en Panamá, Jorge Durán Centeno, luego de que la Administración del panameño Juan Carlos Varela retirara a su representante en Caracas, Miguel Mejía, y pidiera reciprocidad.
El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, informó a través de Twitter que Maduro tomó esta decisión «en resguardo a los sagrados intereses de la patria de Bolívar y del pueblo venezolano».
«El gobierno venezolano rechaza la inaceptable agresión del antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en contra del pueblo de Venezuela», prosigue El Aissami en sus declaraciones, citadas este viernes por medios locales.
El vicepresidente cree que Varela, al retirar a su diplomático en Caracas, «pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su gobierno».
«Sepa presidente @JC_Varela haga lo que haga no podrá quebrar los lazos de hermandad y el amor de los pueblos venezolano y panameño. Pero lo que sí verán ambos países, es que usted será juzgado como el gobierno más corrupto y servil de la historia de Panamá», agregó el chavista.
Tras una larga tensión bilateral, Panamá y Venezuela entraron ayer en una nueva crisis bilateral con la decisión del gobierno de Maduro de suspender las relaciones económicas con altos funcionaros y empresas del país centroamericano.
La llamada revolución bolivariana presume que se han cometido «delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».
Pero el gobierno de Varela interpretó que se trata de «una reacción política que carece de sustento», adoptada por Caracas «en represalia a las acciones anunciadas por Panamá».
La semana pasada Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, porque suponen un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Así, las autoridades panameñas recomendaron a los distintos operadores del sistema financiero adoptar «las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada» cuando sospecharan que una transacción estaba relacionada con las personas y empresas de la lista.
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