El gobierno venezolano pidió al Ministerio Público (MP) que inicie una investigación sobre las 68 muertes del pasado miércoles en un incendio en una comisaría en el estado Carabobo y anunció la creación de un equipo multidisciplinario, según se informó este viernes.
«Solicitar al MP el inicio de una investigación para la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este doloroso evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia», se lee en un documento publicado en la web de la cancillería.
Informó sobre la creación, junto a las autoridades del gobierno regional de Carabobo, de un «equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas», así como «la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial».
«De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución», según el comunicado.
El gobierno »hace llegar sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y allegados de cada una de las personas fallecidas en este lamentable hecho» y «rechaza categóricamente las precipitadas y desproporcionales declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
Esta oficina se declaró ayer «horrorizada» por el suceso en el que murieron 68 personas en los calabozos de esta comisaría de Valencia, y pidió a las autoridades que se respete el derecho de las familias a obtener información correcta sobre lo ocurrido.
Para Venezuela, este organismo «procede a fijar públicamente su posición tendenciosa» sobre el país «de manera prejuiciada y sin requerir información oficial al Estado» sobre el suceso.
Esto, añade el texto, «constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos».
Venezuela »ratifica su compromiso con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como estado democrático y social, de Derecho y de Justicia», finaliza el documento.
Según el fiscal general, Tarek Saab, 66 hombres y dos mujeres que estaban de visitan en los calabozos, fallecieron en un «presunto incendio» del que no especificó los motivos, pero que diversos medios locales y varias Organizaciones No Gubernamentales señalan como un motín.