A un año de la elección de los miembros de la asamblea nacional constituyente, que se realizó el 30 de julio, todavía no se conocen los detalles del nuevo proyecto de constitución en el que se supone deben estar trabajando sus miembros. Sin embargo, esa instancia, aseguran chavistas disidentes como Gabriela Ramírez y Gustavo Márquez, ha evidenciado su propósito de concentrar el poder y el autoritarismo.
Ambos condenan la intención de adjudicar la voluntad popular al presidente Nicolás Maduro a partir de una instancia cuyo origen fue cuestionado por diferentes sectores del país y de la comunidad internacional.
Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, señaló que las actuaciones de la constituyente le han concedido la razón que tuvo cuando se deslindó del gobierno tras conocerse las bases comiciales de la elección de sus miembros en 2017: “La ANC es el secuestro de la soberanía popular depositada en Nicolás Maduro. El balance revela que la ANC ha traído la anarquía, el caos y el autoritarismo, pero, sobre todo, la destrucción de la República”.
Ramírez cuestionó que, además de su origen ilegítimo, enla ANC, ahora presidida por Diosdado Cabello, no haya apertura a la consulta. “Si se hace una síntesis de la constituyente, vemos que voceros autorizados, con estrellas de general en la política, como Isaías Rodríguez, ante la primera opinión fueron despachados. Luego vimos que cuando Delcy Rodríguez la presidía le envió una comunicación a la presidente del CNE, Tibisay Lucena, informándole que ellos decidirían los constituyentes que podían postularse, el año pasado, a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Es decir, que la ANC es un mecanismo concentrado de poder. Desde las sentencias del TSJ se le dio carta blanca a Maduro para que hiciera lo que está ocurriendo, por eso no caben ahora las voces de quienes cuestionan el funcionamiento y la ausencia de consulta en la constituyente”, indicó.
La ex defensora del Pueblo, quien es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, destacó que el autoritarismo enla ANC “ha generado fracturas dentro del PSUV” debido a que no se han consultado decisiones como las recientes medidas monetarias, las cuales calificó de “paquetazo”. También rechazó el envío presidencial de la Ley de ilícitos cambiarios a la constituyente para que se incluya, de forma inconstitucional, una moneda diferente del bolívar.
Gustavo Márquez, ex ministro del fallecido presidente Hugo Chávez y miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, recordó que la ANC arrancó con una falla constitucional al aceptarse la convocatoria presidencial para activar la instancia: “Este mecanismo se creó fundamentalmente para concentrar el poder y fusionar los poderes públicos en uno solo. El presidente le da órdenes a la constituyente y esta se arroga facultades como convocar elecciones. Además, la ANC ha resultado un mecanismo para, entre comillas, legitimar el estado de excepción permanente que desde 2015 se ha implementado en el país bajo el argumento de la guerra económica”.
Márquez rechazó el carácter supranacional que el gobierno ha endilgado a la constituyente y aseveró que la instancia ha reforzado el régimen autoritario que impera en el país, en el cual no hay presupuesto, no existe la contraloría, y los recursos se asignan de forma discrecional. “Bajo sombras y de espaldas al pueblo” se prepara una nueva constitución, cuyo objetivo sería consolidar el proyecto político del gobierno o lo que Gabriela Ramírez llama “la constitucionalización del nuevo sistema político del país”, añadió.
Concertación económica
El constituyente David Paravisini cree que la ANC ha atendido el llamado del pueblo. Sin embargo, a título personal, admitió que hace falta vinculación con el Ejecutivo en el aspecto económico. “El gobierno debe concertar con la ANC la aplicación del modelo económico. La constituyente tiene asuntos qué tratar con el presidente y los otros poderes. También lo que tiene que ver con la administración de justicia. La justicia se aplica solo en Caracas y esto es desde antes de Chávez. Para que pueda haber un nuevo modelo económico debe haber garantías judiciales, hay un atraso gigantesco que va en contra de la democratización del capital”, señaló.
Paravisini recordó que la ANC se puso como límite de funcionamiento dos años y en el primer año transcurrido se ha logrado 25% de los objetivos. “Se logró controlar la violencia desatada en la calle que era producto de la ausencia del Ministerio Público, con una fiscal que daba garantías a quienes desde sus posiciones en gobernaciones y alcaldías propiciaban hechos violentos y hasta el asesinato de personas”, refirió.
Sostuvo que, en contraparte, la constituyente aún “no ha superado la violencia económica activada por factores internos y externos”.
Recientemente, el constituyente Earle Herrera exigió: “La ANC debe hacer propuestas revolucionarias y audaces ante esta situación que estamos viviendo, porque no podemos quedarnos como congelados”. Subrayó que la constituyente no puede aislarse del contexto que se vive en el país, ni dar la espalda a la realidad. Destacó que hasta en Cuba se ha abierto la puerta para los cambios.
“Por un lado tienes una constituyente para transformar el Estado y una revolución para transformar al ser humano. Si haces lo primero y no haces lo segundo seguimos igualito, para hacer socialismo se necesitan tener socialistas”, señaló Herrera en Unión Radio.
La batalla contra la corrupción
El constituyente y militar retirado Néstor León Heredia aseguró que con la ANC el gobierno le ganó la batalla al terrorismo político que amenazaba al país el año pasado. “La constituyente logró la pacificación en un momento en que se vivía una guerra civil. Se desmontaron las pretensiones de la oposición venezolana”, indicó.
Otro aspecto que Heredia identifica como un logro del primer año es la contención de los focos de corrupción. Esto lo atribuye el también dirigente del PSUV a la remoción de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y su reemplazo por Tarek William Saab, uno de los actos iniciales de la ANC.
León Heredia, que también fue constituyente en 1999, defiende las leyes aprobadas desde el año pasado que apuntan hacia la consolidación del poder comunal, y considera una garantía importante que la instancia está integrada por diferentes sectores del país.