Las actuaciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, siguen generando revuelo en las filas del oficialismo. Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional, consignó documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que el máximo tribunal del país considere calificar la falta grave de la fiscal y así removerla de su cargo por medio de un antejuicio de mérito.
Carreño entregó documentos con el objetivo de demostrar que la titular del Ministerio Público sí firmó el acta del Consejo Moral Republicano Republicano aprobando a magistrados del Poder Judicial en diciembre de 2015. El diputado sostuvo que la fiscal mintió y trató de dañar la honorabilidad del órgano del Poder Ciudadano.
«Dijo que no fue convocada (a aquel acto) pero aquí tengo el acta y el libro de actas que dice que sí fue convocada», explicó Carreño a las afueras de la sede del TSJ la tarde de este viernes.
Aseveró que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que habla sobre el procedimiento para la remoción de los miembros del Poder Ciudadano por parte de la Asamblea Nacional después del pronunciamiento de la Sala Plena.
Agregó que su texto se lo hizo llegar directamente a Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal del país.
Pidió dos medidas cautelares: una para enajenar los bienes de la fiscal y otra para que se prohiba su salida del país hasta que no se decida la calificación de la falta grave.
El pasado lunes, Ortega Díaz acudió al TSJ para exigir la nulidad del proceso en el que se escogieron a los 33 magistrados del Poder Judicial, que fueron designados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, cuando todavía el Legislativo tenía mayoría chavista.
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