El poder judicial inició la tarde de este viernes el trámite de la demanda para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar al Perú sin pasaporte. El 25 de agosto empezó a regir la exigencia de este documento a todos los venezolanos que desearan entrar a territorio peruano.
La jueza del quinto juzgado penal de Lima, Celia San Martín Montoya, admitió a trámite el «Hábeas Corpus» interpuesto por la coordinadora nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) contra Marco Medina Guimaraes, ministro del Interior, y Eduardo Sevilla, superintendente de Migraciones, «por impedir el ingreso al Perú de venezolanos, violando su derecho a la libertad de tránsito, derecho a solicitar refugio y a no ser discriminado», informó la coordinadora este lunes en su cuenta de Twitter.
«Estas medidas pasan por alto que las personas venezolanas se encuentran en una situación de inaccesibilidad para obtener un pasaporte y desconoce la situación de crisis humanitaria compleja que vive el país de Venezuela debido a la falta de alimentos, de medicinas y a la grave situación de vulneración de los derechos humanos», señaló la CNDDHH poco antes que rigiera la exigencia del pasaporte.
La jueza San Martín Montoya deberá decidir, en los próximos días, luego de escuchar los argumentos de las partes, si declara fundada o no el hábeas corpus.
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Compartimos el habeas corpus interpuesto contra Marco Medina @MininterPeru y Eduardo Sevilla @MigracionesPe por impedir el ingreso al Perú de venezolanos(as), violando su derecho a la libertad de transito, derecho a solicitar refugio y a no ser discriminado pic.twitter.com/AjmiMKAcpd— CNDDHH ���� (@cnddhh) 3 de septiembre de 2018
La inmigración de venezolanos a países de la región ha aumentado en los últimos años, impulsada por la crisis humanitaria que vive el país gobernado por Nicolás Maduro, donde según la Organización de Naciones Unidas (ONU), 1.3 millones de personas sufren de desnutrición. A Perú han ingresado más de 414 mil ciudadanos venezolanos hasta la fecha.
El caso ecuatoriano
El 24 de agosto, un tribunal de Quito, Ecuador, anuló la regulación que exigía pasaportes a los ciudadanos venezolanos y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para que presente un plan de contingencia si es que se quiere seguir aplicando dicha medida.
Posición en contra
Una eventual revocatoria de la exigencia del pasaporte para el ingreso de los ciudadanos venezolanos a Perú sería un «grave retroceso», opinó este viernes el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay en diálogo con Canal N.
Declarar fundada la demanda «sería un tremendo retroceso, en esta visión que debe ser siempre de estado, respecto a un asunto que no solo le corresponde a Perú sino que es regional. Hubo una corrección respecto a la anterior política migratoria, que había abierto un ingreso ilimitado con cédula de identidad a los venezolanos, que permitió que se infiltren algunas personas de dudosa reputación, prontuariados, claramente dicho», expresó.
Señaló que la decisión del gobierno peruano de exigir el pasaporte busca asegurar una mejor identificación de las personas que ingresan a nuestro país.
«Lo que se busca con el pedido del pasaporte electrónico es asegurar un mejor registro de datos, en la medida que ese pasaporte tiene un conjunto de información del perfil personal para saber que, quienes ingresan al territorio nacional, realmente sean aquellos que escapaban de la pobreza para encontrar un proyecto de vida en el Perú», apuntó.
Rodríguez Mackay sostuvo que la unidad de la política peruana sobre el tema del control migratorio y de la seguridad interna no solo comprende al poder ejecutivo, sino también al poder judicial.
“En la demanda de hábeas corpus admitida se está asumiendo los derechos humanos desde una perspectiva absolutamente errada, que distorsiona la verdadera realidad, como un tema de estado, como es el fenómeno migratorio”, concluyó.
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