Diane Espinal* cuida a su bebé como un tesoro. Tal vez con más celo que cualquier madre: le lava las manos constantemente, hierve lo más que puede los teteros y ni pensar en someterlo a un sereno.
Todas esas precauciones apuntan a evitar la fatalidad de que el pequeño de tres meses se enferme, pues no sabría qué hacer porque no cuenta con aseguramiento alguno como consecuencia indirecta de que nació sin patria.
Apátrida les dicen a los que como él no tienen en sus documentos de identidad un país que los reclame. En Colombia este fenómeno había sido pasajero. De hecho, solo existen 12 casos registrados, según las estadísticas oficiales, pero no eran personas nacidas en suelo local, sino que llegaron sin ser reconocidos por otra nación.
Pero la migración desmedida desde Venezuela a raíz de la crisis política y económica de ese país, unida a las zonas grises de la legislación colombiana, disparó el riesgo de que a miles de niños se les viole el derecho universal a una nacionalidad.
Cualquier extranjero que busque obtener la ciudadanía en el país debe llenar dos de tres requisitos, explica un integrante de un organismo humanitario: haber nacido en el territorio, tener un vínculo sanguíneo o que los padres prueben su domicilio.
El problema suele surgir con el tercer aspecto, porque algunos funcionarios administrativos y operadores de justicia solo reconocen la residencia si la gente ha entrado legalmente y lo equiparan con tener visa de permanencia o de trabajo, añade la fuente. De hecho, en este momento hay varias acciones de tutela por lo mismo.
A juicio de algunos especialistas, deberían aceptar documentos diferentes con ese fin.
Paradójicamente, hay casos en los cuales mujeres venezolanas buscan dar a luz de este lado de la frontera para lograr la nacionalidad colombiana, pero se llevan la desagradable sorpresa de que con eso no basta
“Estamos trabajando en eso, en la interpretación del domicilio en Colombia. Es un elemento técnico normativo”, anota una fuente de Acnur.
Por el lado venezolano, para que un niño nacido fuera de su territorio se registre como nacional requiere que padre y madre tengan esa condición, con lo cual, si al nacer por fuera un niño y uno de ellos no detenta la nacionalidad, por ejemplo tratándose de una mujer soltera que migra sin papeles y tiene un hijo sola, este tendría problemas para alcanzar la nacionalidad.
Y en la situación actual entran en juego elementos extralegales. Muchos aun teniendo el derecho no lo pueden reclamar por el cierre o la inoperancia de las oficinas consulares, donde debería hacerse el registro, o incluso porque en esos despachos no hay la papelería.
No se sabe cuántos son, por falta de estadísticas actualizadas, pero podrían ser miles los niños en riesgo de apatridia, si se tiene en cuenta que el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV, levantado entre abril y junio del año pasado detectó 1.174.743 personas de esa nación que pasaron las fronteras con Colombia. De ellos, 41% (479.247) no estaban en el registro y su situación era de irregularidad. Adicionalmente, había casi 9.000 mujeres embarazaadas, lo cual quiere decir que potencialmente sus hijos serían apátridas al nacer.
Y tal vez el número aumente porque el RAMV no es aceptado algunas veces como prueba legal de residencia, advierte Daniel Carvajal, colaborador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Lo cierto es que hasta ahora, de acuerdo con Alfredo Posada, registrador delegado para la Identificación, de la Registraduría Nacional, solo una veintena de padres venezolanos se han presentado a pedir que les tramiten la nacionalidad de sus hijos por nacimiento. El bajo número obedecería a un temor, debido a que, siguiendo el procedimiento internacional, se debe reportar a las autoridades venezolanas para verificar si ese país los reconoce.
“Según han dicho, como todavía la mayoría tienen parientes allá, a los padres les da miedo que les limiten beneficios gubernamentales”, anotó Posada.
En el mundo, según cifras de la página web de Acnur, hay por lo menos 10 millones de personas a las que se les niega la nacionalidad. “Como resultado, a menudo no pueden asistir a la escuela, ir al doctor, obtener un empleo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o, incluso, casarse”, explica la entidad en su página web. Si la situación se prolonga hasta hacerse mayores, tampoco podrían ejercer derechos políticos, como votar y ser elegidos en cargos públicos. En resumen, son invisibles jurídicamente.
En el caso del bebé de Diane ya se ha visto con tropiezos para tener salud, y de no resolver su problema, podría sufrir el resto de las privaciones descritas.
Esta madre llegó en marzo del año pasado a Medellín con cinco meses de gestación. Se instaló en Moravia, un barrio formado en los años ochenta encima de lo que había sido el basurero, pero que hoy cuenta con casas de material, aunque lo asolan fenómenos de violencia.
La pequeña residencia por la que paga 400.000 pesos tiene las paredes de adobe encalado, sin frisar, y en no más de 35 metros cuadrados se apretuja la familia. Al fondo se observan la cocinita y la habitación de Diane, su esposo y el bebé; en el otro espacio, que oficialmente es salacomedor, de no más de 6 metros cuadrados, escondida detrás de una cortina color madreperla, está la cama en la que duermen la mamá de Diane y sus otros dos hijos de 11 y 14 años (niño y niña, respectivamente), y el sitio para recibir visitas es tan minúsculo que apenas cabe el sofá azul que el patrón le regaló al papá del bebé.
Sentada en ese mueble, Diane cuenta que no tuvo problemas con los controles prenatales en la Clínica La Piloto, de Manrique, pero después de que el niño salió de su vientre sucumbió en un círculo vicioso del que todavía no sale.
A pocos días del alumbramiento, al chico le empezó un brote en el cuerpo, como reacción, según ella, al vapor que emanaba de una fábrica de obleas instalada en la misma vivienda donde ocupaban una habitación de alquiler.
Asegura que no lo atendían porque no estaba registrado, pero al tratar de efectuar ese procedimiento, tampoco lo admitían debido a que ella y su esposo no han regularizado su permanencia.
“Decían que no podían registrarnos sin el permiso de permanencia y sin pasaporte”, añade. Así, la mujer recorrió seis notarías y solo una orden del ICBF invocando los derechos del niño logró resolver el problema.
Sin nacionalidad de su país
Pero ahí no paró todo. Le dijeron que hasta que ellos no fueran “legales” no los podían inscribir en el Sisbén, ni el pequeño podía aparecer solo en esa base de datos oficial. El registro civil del niño, no obstante, por sí solo, no lo hace ciudadano colombiano. De hecho, en la franja inferior tiene una nota que dice: “No válido para demostrar nacionalidad”; solo sirve para certificar que nació vivo.
Tampoco pudo tramitar la nacionalidad venezolana. Cuenta una integrante del voluntariado que funciona en la capital antioqueña para ayudar a sus compatriotas que fueron al consulado, pero les pusieron trabas aduciendo que en esa sede diplomática no contaban con los formatos necesarios.
“El problema es cuando las oficinas consulares se niegan a hacer los registros de nacimientos, y en ese caso el niño podría estar en riesgo de apatridia, aunque la Constitución (colombiana) dice que en el caso de que otro Estado se la niegue, se puede insistir y obtener la nacionalidad”, afirma Carvajal, quien además anota que si bien, en principio, de acuerdo con la Ley 43 de 1993, en Colombia no debe nacer ningún niño apátrida, la normativa exige para pedir la nacionalidad de la descendencia, debido a la negativa del país de origen, que se muestre la petición que se haya hecho y la respuesta de inadmisión.
“Muchas veces las autoridades dicen que en algún momento ellos van a poder ingresar a Venezuela y obtener los documentos, pero mientras tanto ¿cuál es la situación de esos niños? El limbo ahora es para los hijos de migrantes que estén en situación irregular y, por tanto, ellos viven en riesgo de apatridia”, explica la fuente de Acnur.
En la Cancillería colombiana circula un borrador de proyecto de ley para subsanar los vacíos normativos sobre el manejo de la apatridia en general. Mientras esto se resuelve, Diane les encomienda a la divinidad y a los cuidados propios la salud de su niño.
Aun así, hace unas semanas volvió a vivir un susto: su bebé se puso morado por una gripa que no lo dejaba respirar y sorteó la situación porque encontró a alguien que interpretó la ley a su favor y le brindó atención, pero el riesgo es que no siempre sea igual.
Si acaso el pequeño llega al año de edad sin resolver el entuerto, sus padres se abocarán a otro lío, ya que el aseguramiento que rige para cualquier niño nacido en el territorio nacional se vence a esa edad y solo tendría derecho a que lo atiendan en caso de urgencia.
Hay 12 casos oficiales en el país
Uno de los casos emblemáticos de apatridia en el país, previo a la migración venezolana, corresponde a un saudita que era parte de una minoría étnica. Creció en su país en situación de calle y jamás conoció a sus padres. Según reportó, no tuvo registro civil y no sabe cuántos años tiene.
Pasó la infancia desescolarizado y al crecer trabajó, pero con documentos falsos. Así también ingresó a Ecuador, donde no le exigían visa; allá conoció a una persona colombiana y decidió venirse con ella.
Y como él, la constante en los otros 11 casos existentes es que no tienen pasaporte ni otro documento que pruebe dónde nacieron.
“Suelen ser personas que emigran por condiciones políticas de su país que les generan discriminación, y aunque las autoridades no las persiguen por principio, simplemente les niegan el derecho a trabajar y acceder a servicios como salud y educación”, explica una fuente ligada a un organismo humanitario.
En otras ocasiones, salen cuando la situación se torna más delicada por un cambio de régimen o por la escisión del territorio de un país.
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