Corrían los primeros días de enero de 2022, y un comerciante iquiqueño, de 67 años de edad, salía de su casa hacia el centro de la ciudad para hacer trámites. Fue lo último que se supo de él. Al día siguiente su familia puso una denuncia ante la PDI por presunta desgracia. Solo horas después el hijo de la víctima recibió un mensaje en su celular, uno en que le señalaban que tenían capturado a su padre y que debían pagar 57 millones de pesos para su liberación.
Antes de que apareciera el dinero lo hizo el cuerpo sin vida del comerciante, quien había sido golpeado y torturado.
Este hecho, inusual por entonces, fue perpetrado por extranjeros que habían entrado irregularmente al país. No pasó mucho tiempo para que el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, alertara de que la zona experimentaba «una violencia inusitada», mientras la senadora (UDI) Luz Ebensperger iba más allá: «La frontera está tomada por el Tren de Aragua».
Aterriza Larry Changa
El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, Venezuela. Desde ahí comenzó a dedicarse, entre otros, al tráfico de migrantes, a los secuestros, al sicariato, al narcotráfico y al lavado de dinero, expandiendo sus tentáculos, a partir de 2017, a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y… Chile.
El origen en Chile podría situarse en 2018, cuando llega, a través del aeropuerto internacional de Santiago, Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, considerado uno de los líderes y fundadores de la banda criminal.
Dos años después, la Fiscalía de Tarapacá recibiría los primeros indicios de la presencia del Tren de Aragua en suelo nacional: un grupo de mujeres peruanas tras ser detenidas ingresando ketamina al país señalaron que habían sido obligadas por el Tren de Aragua. »¿Qué es eso?», dijimos nosotros.» Tuvimos que googlear. Así empezamos a estudiar y a preguntar. Nos contactamos con otros países y ahí nos dimos cuenta de que esta era una megaorganización que actuaba en Perú, en Brasil y en Ecuador también», señaló entonces el fiscal Arancibia.
Luego, la zona comenzaba a ser testigo de homicidios que dejaban cadáveres con 15 impactos de bala, amarrados o con señales de tortura. Fue el caso de un hombre que había sido enterrado aún con vida, y que permitió a la PDI detener a 11 sujetos, 10 de ellos venezolanos, bajo sospecha de estar involucrados en homicidios, tráfico de drogas y de armas, y que pertenecerían «a una banda criminal vinculada al Tren de Aragua». ¿Su nombre? Los Gallegos, al brazo operativo del Tren de Aragua en el extremo norte del país.
A esa altura la preocupación ya llegaba a oídos de La Moneda: «Lo que ha pasado en Arica es estremecedor, a partir de esta organización que se llama el Tren de Aragua; es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando en Chile», expresaba el presidente Gabriel Boric. Días después, el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconocía que el país había sufrido una «mutación criminal». El Tren de Aragua ya era una realidad en Chile.
«Atte. El Tren»
«Te voy a llenar de plomo, para que veas qué es el Tren de Aragua». Ese era uno de los audios que comerciantes del norte del país comenzaron a recibir a mediados de 2022 en sus teléfonos. En las advertencias aseguraban a sus víctimas conocer dónde vivían y las amenazaban con secuestrarlas, matarlas o violarlas si es que no pagaban montos que podían llegar hasta los 50 millones de pesos. Estas extorsiones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes y a extenderse a otras ciudades.
Lo sufrió un local comercial de lo que se conoce como la «pequeña Caracas», en Estación Central, que en octubre del año pasado recibió 12 impactos de bala de desconocidos que se desplazaban en moto. Tras el incidente, el propietario, de nacionalidad peruana, recordó que semanas antes había recibido un papel escrito a mano, al que no le dio mayor importancia. Era una especie de carta, en la que se le pedía comunicarse con un número de teléfono «a la brevedad». El texto era firmado con un «Atte. El tren».
En Antofagasta, en tanto, el presidente de la Cámara de Comercio sugería a sus asociados «limitar todo tipo de publicaciones que pudieran revelar aspectos personales. Nunca publicar fotos de la familia y cualquier cosa que pueda utilizarse para identificar el lugar donde vives, como cuáles son tus rutinas o amistades». El dirigente recordaba a El Mercurio el homicidio de un comerciante peruano en 2022 que se había originado por extorsiones previas.
De acuerdo con el reciente informe «Crimen organizado en Chile», del Ministerio Público, bandas como el Tren de Aragua no podrían «funcionar sin una comunidad a la que, frente a la alternativa de denunciar o pagar, le sea más viable esto último, ya sea por desconfianza con las instituciones del Estado (porque los extorsionados se dedican a actividades ilegales o informales, por ejemplo), por su propia situación migratoria o, sencillamente, porque las primeras víctimas de estos delitos -y aún siguen siendo mayoría- son extranjeros que desde sus países de origen ya conocen cómo operan estas organizaciones y prefieren pagar».
Las casas de tortura
La noche del 14 de diciembre de 2023, en la intersección de Vicuña Mackenna con Ñuble, un grupo de hombres armados que se movilizaban en auto abordó a dos ciudadanos colombianos: a uno le dispararon en una pierna y al otro lo obligaron a subir al vehículo. ¿Destino? Una casa en Rinconada de Maipú, la que funcionaba como centro de torturas.
«Estas son disputas por el mercado del tráfico de drogas y que tiene que ver con la comercialización de ketamina. Muchas veces estas organizaciones, a fin de fijar precios o cuotas de venta en lugares determinados, recurren a este tipo de prácticas», señalaba entonces el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros.
Estas casas de tortura son un síntoma del aumento significativo que han tenido los secuestros. Si durante la última década estos promediaban 420 por año, esta cifra dio un salto histórico en 2022 -coincidente con la expansión del crimen organizado- al llegar a 826, y luego subir a 850 en 2023. El secuestro por ajustes de cuentas, cobros, deudas o venganza, propios del crimen organizado, pasó de 4,5% (2022) a 12,4% (2023).
Homicidios al alza por el Tren de Aragua
La tarde del 9 de abril de 2023, alertados por una llamada de emergencia, Carabineros se dirigió a una parcela en Batuco. Al llegar al lugar se encontraron con un Hyundai Tucson rojo incrustado en una reja. En el vehículo había cinco personas… tres de ellas muertas y dos heridas, pero fallecerían horas después.
La fiscalía responsabilizó a miembros del Tren de Aragua por este hecho, que se producía solo cuatro días después del asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, y a 24 horas de un cuádruple homicidio en una casa de Quilpué.
Se trata de «una cultura delictual a la que no estábamos acostumbrados», señalaban en Carabineros. Es así. Personas enterradas vivas y cubiertas con cemento; cuerpos descuartizados; otros amarrados de manos y pies, envueltos en una manta y con eventuales signos de asfixia, y antebrazos y manos en un canal de regadío son escenas cada vez más cotidianas y que dan cuenta de la variación en el tipo de homicidios.
«Si el año 2017 la tasa (de homicidios) era de 4,2 por cada 100.000 habitantes y el 2023 fue de 6,394, ese 2% tiene una configuración cualitativa diferente, y es justamente el homicidio que más alarma pública provoca, se trata del que se realiza en la vía pública con armas de fuego, del que deja cuerpos desmembrados, en el que hay múltiples disparos hacia adentro de casas, y es el que hemos congregado bajo la rúbrica de homicidio en contexto de crimen organizado», señala el Ministerio Público, junto con advertir que esta realidad está lejos de cambiar: hasta septiembre de 2024 el número de homicidios ha subido más de 10% en relación con el mismo período de 2023.
El control de las cárceles
El crimen organizado muestra interés por controlar las cárceles, pues allí surgen los negocios. «En las cárceles chilenas la droga es mucho más cara que afuera; los chips de celulares, la comida que proviene desde fuera, y así, todos los enseres y objetos que se venden dentro superan con creces el precio del mundo exterior», afirma el Ministerio Público.
De allí que el aumento de miembros de bandas criminales en prisión genera preocupación. En abril, El Polígrafo de El Mercurio solicitó a Gendarmería la lista de miembros de bandas criminales en centros de detención. ¿La respuesta? 1.341, de un universo de 54.000 reclusos, cifra en aumento desde los 345 que se reportaban en 2020, y que implicó un nuevo escenario tras las rejas, como lo evidencia en 2022, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago Fernando Guzmán, tras visitar el Complejo Santiago I: «La extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables».
Los propios gendarmes denunciaron que en junio fueron víctimas de estos grupos: «Realizan amenazas de muerte hacia la totalidad del personal señalando: ‘Soy asesino aquí y en todos lados, los podemos asesinar en la calle, en donde sea». Entre ellos, según el relato, de un gendarme, se encontraba Hernán Landaeta, alias Satanás, uno de los líderes del Tren de Aragua.
Otro funcionario recordaba que los reclusos «comenzaron a ejercer amenazas al personal (…), presentando en todo momento una actitud agresiva, amenazante y subversiva, arrojando objetos y lanzando golpes con elementos contundentes (metal) (…). La mayoría de internos se encontraban provistos de elementos (fierros de las mesas de pimpón destruidas)». Doce funcionarios de Gendarmería resultaron heridos.
¿Una nueva preocupación?
El 19 de noviembre 34 miembros de Los Gallegos fueron condenados por 22 delitos. Se trata de un historiado proceso que incluyó amenaza a jueces y que llegará a su fin el 6 de marzo, cuando se dé a conocer la sentencia.
Algunos ya hablan de una condena histórica, de un duro golpe al Tren de Aragua en Chile. «Hoy día (Los Gallegos) no tiene ningún nivel de operatividad en esta región, y si es que está, está en su mínima expresión», señaló el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.
Sin embargo, advierte que «los espacios, los vacíos de poder siempre tratan de ser cubiertos por otras organizaciones». E incluso da un nombre: «Hay una organización colombiana denominada Los Costeños. Le hemos dado buenos golpes en el último tiempo, pero por la cantidad de droga incautada y por la forma en que ha sido incautada claramente nos revelan operaciones que son preocupantes».