A raíz de los comentarios del presidente de EE UU, Donald Trump, en los que sugiere que un golpe militar en Venezuela podría triunfar “rápidamente” si las Fuerzas Armadas se decidieran a organizarlo, y las declaraciones del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe en el sentido de sugerir una intervención de los militares venezolanos para superar la crisis humanitaria que afronta ese país, vale la pena analizar qué tan fuerte es el vínculo y apoyo de los militares a Nicolás Maduro.
El presidente venezolano le tiene la soga corta a la Fuerza Armada Nacional (FANB). Entre el avance de la crisis y noticias sofocadas de alzamientos y rebeliones, el mandatario ha reforzado con el cuerpo castrense una relación que camina entre la amenaza brutal y los beneficios económicos.
La línea que separa una cosa de la otra es la lealtad al mandatario, una lealtad personal que debe constar en sus acciones y en la firma de un compromiso obligatorio desde mayo.
Como en ningún otro año, en lo que va de 2018 ha habido la mayor represión dentro de la FANB. Según la organización Justicia Venezolana, han sido apresados 60 funcionarios militares, una lista que la periodista Sebastiana Barráez lleva con nombre y apellido, pero que extiende a 82, sospechosos no solo de haber participado en algún plan de alzamiento contra el régimen sino de haber expresado alguna forma de descontento sobre la situación del país.
Además de este conteo, el diputado y coronel retirado del Ejército Teodoro Campos afirmó que solo en el componente castrense, 185 oficiales están siendo investigados, sometidos a presiones e interrogatorios.
A diferencia de otros apresamientos, los de los militares ocurren a la sombra de las noticias y con apenas la confirmación de los abogados. Los familiares de los funcionarios no se atreven a denunciar por miedo a enrarecer aún más los procesos y perjudicar a sus seres queridos, conscientes de que en Venezuela, la justicia funciona según los ánimos de la «revolución bolivariana».
Sin embargo, la razón principal de este silencio es esconder el descontento dentro de la FANB, pilar fundamental del proceso revolucionario gracias a la “alianza cívico-militar” que gestó con entusiasmo el hoy fallecido presidente Hugo Chávez.
Dentro de esa alianza, las ayudas económicas del régimen a los militares son notorias, pues mientras un maestro de escuela pública o un médico especializado están condenados al salario mínimo de Bs S 1.800 (unos 18 dólares), el militar de menor rango tiene un salario de 3.160 bolívares.
Cuando todavía no sonaban los campanazos sobre una posible intervención militar extranjera, Maduro pronto decidió blindarse contra una rebelión interna, una amenaza más posible, sobre todo tras la intensa oleada de protestas contra el régimen entre febrero y mayo de 2014, cuando resultaron detenidas casi 6.000 personas.
Un reciente informe de la organización Control Ciudadano, especializada en el análisis de la relación entre la FANB, la ciudadanía y el poder político, explica que desde que asumió su mandato en el 2013, Maduro concentró sus decisiones militares en reestructurar a la Guardia Nacional, uno de los cuatro componentes de las FANB (además del Ejército, la Aviación y la Armada), y reforzar a la Guardia de Honor Presidencial.
“A partir del 2014, cuando se intensificaron las protestas, la Guardia Nacional aumentó su presencia en todo el territorio al pasar de 73 destacamentos a 236, y de 159 compañías a 514 (…) una profunda reestructuración emprendida a nivel nacional para dar respuesta represiva y militar a la protesta en Venezuela”.
La Guardia Nacional es el componente históricamente desplegado en todo el territorio para la protección de vías e instalaciones especiales. Bajo Maduro, ese concepto se multiplicó y de 9 comandos regionales pasó a tener 24 comandos de zona, uno para cada región del país.
El informe también resalta “la fortificación militar que levantó Maduro para su protección en los dos primeros años de su gobierno a través de su Guardia de Honor Presidencial”.
Solo en 2015 fueron creados y activados seis batallones para la protección del Ejecutivo, una Unidad Especial de Aseguramiento Vial y Francotirador, así como un Escuadrón de Caballería Motorizada. Solo este año fueron ascendidos 437 funcionarios de ese componente de protección al presidente.
De ahí que la propia FANB ratifique, así como este miércoles, su “lealtad” al presidente repudiando las declaraciones de Donald Trump.
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza la postura vil y grosera con que el presidente de EE UU se refiere a sus integrantes; pero, lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista”, afirmaron.