El mes pasado, la administración de Donald Trump impuso amplias sanciones al sector petrolero venezolano. Luego de un corto período otorgado para reducir operaciones, las empresas estadounidenses no podrán comprar petróleo ni derivados a Venezuela. También se les impide venderle al país, de forma inmediata, productos petroleros, vitales para mantener viva la industria petrolera nacional.
Las sanciones son tan estrictas que el Departamento del Tesoro tuvo que emitir una licencia especial para permitir a los individuos estadounidenses que viven en Venezuela llenar los tanques de sus vehículos con gasolina expendida en estaciones de servicio del gobierno.
Venezuela vendió el año pasado 12 millardos de dólares de crudo y derivados a Estados Unidos. Las importaciones totales de Venezuela, en cambio, ascendieron a 19 millardos de dólares (11,7 millardos en bienes y el resto en servicios).
El año pasado, el petróleo abarcó 92 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela. El restante provino de sectores como el oro (cuya venta fue sancionada por Estados Unidos en noviembre de 2018). La actividad petrolera está completamente en manos de la estatal sancionada Pdvsa, bien sea de forma directa o a través de entidades en las cuales ella ejerce la mayoría accionaria.
En otras palabras, el petróleo es esencialmente la única fuente de ingresos en moneda extranjera del país. Por lo tanto, privar al país de ingresos conlleva el riesgo de dejar a los venezolanos sin acceso a las importaciones más básicas de alimentos y medicinas.
Las sanciones estadounidenses que prohíben la venta de petróleo y derivados, así como la exigencia a los proveedores norteamericanos de que reduzcan sus operaciones en el país de forma rápida, contribuirá con el colapso petrolero del país. De acuerdo con los estimativos publicados por nuestro equipo en Torino Economics, el efecto combinado de la reducción de la producción petrolera y la pérdida de mercado debido a las sanciones reducirá las exportaciones del país de 33 millardos de dólares en 2018 a 14 millardos este año, un declive de 60 por ciento.
Para ser claros, el colapso económico de Venezuela –una contracción de 46 por ciento durante los últimos cinco años– fue principalmente causado por las desastrosas políticas de la administración de Maduro. Pero las sanciones económicas acarrean el riesgo de empeorar aún más las cosas.
Aunque varios gobiernos han comprometido ayuda humanitaria para Venezuela, la magnitud de esa asistencia está lejos de lo necesario para alimentar a una nación de 30 millones de habitantes. La asistencia humanitaria no pretende usualmente sustituir la capacidad productiva de una economía, sino más bien entregar insumos médicos y nutricionales para tratar casos de desnutrición severa. Las donaciones de la comunidad internacional hasta la fecha totalizan 126 millones de dólares. Esta cantidad es equivalente a solo dos semanas de importaciones de alimentos y medicinas realizadas el año pasado (cuando ya había bastante escasez).
El problema se hace más serio al tomar en cuenta el hecho de que Venezuela no solo ha perdido acceso al mercado petrolero estadounidense, sino también al sistema financiero de Estados Unidos. Después de que Washington reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela, procedió a entregarle el control de las cuentas bancarias de la nación. Algunos bancos europeos han hecho lo propio, bloqueando transferencias solicitadas por representantes de la administración de Maduro. Incluso fue reportado que la institución financiera rusa Gazprombank prefirió la semana pasada congelar las cuentas de PDVSA que arriesgarse a violar las sanciones estadounidenses.
Si Venezuela pierde la capacidad de usar los sistemas de pagos europeos y estadounidenses para sus transacciones, estaría limitada a recurrir a lo que esencialmente son sistemas de trueque con los países con los que todavía tiene relaciones comerciales. Venezuela no podría usar los ingresos de sus ventas a China o India para pagar importaciones desde Estados Unidos porque ninguna institución financiera procesaría una transferencia proveniente de una entidad sancionada –incluso si lo hacen, representantes de la administración de Guaidó tendrían el derecho legal de embargar ese pago–. Pero Venezuela importa muy poco de China e India, los únicos países que puede que continúen comprándoles petróleo en cantidades significativas.
Para impedir que estas sanciones agraven la situación humanitaria de Venezuela, Estados Unidos y la comunidad internacional deben crear con carácter de urgencia mecanismos para evitar el total colapso del suministro de bienes esenciales en el país.
En términos generales, existen dos tipos de iniciativas que pueden ser utilizadas para permitir a los países bajo regímenes de sanciones continuar exportando para pagar sus importaciones. Una es la creación de un programa de petróleo por alimentos, como se hizo en Irak en 1995, bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Otro mecanismo es la implementación de excepciones especiales para los países que constituyen los mayores socios comerciales, tal como se hizo en Irán en 2012 y, de nuevo, en 2018. Hay que destacar que el hecho de que ninguna de estas cláusulas exista en este momento en Venezuela hace que su régimen de sanciones petroleras sea uno de los más punitivos impuestos en la historia reciente.
Un programa de petróleo por alimentos podría permitir a Venezuela continuar exportando petróleo a Estados Unidos, siempre y cuando los ingresos sean depositados en fideicomisos usados solo para pagar importaciones de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Las importaciones necesarias para mantener la infraestructura petrolera del país también deberían permitirse, bajo la condición de que los ingresos producto del incremento en la producción también sean depositados en cuentas de garantía.
Grupos de monitoreo internacional deben supervisar el uso de los fondos, y las agencias de asistencia humanitaria deben involucrarse en la distribución de los productos importados a Venezuela para garantizar que no sean usados para alimentar el corrupto sistema clientelar del gobierno.
La adopción de un esquema como este podría generar también incentivos para que exista algo de cooperación entre las opuestas facciones políticas de Venezuela. Una de las condiciones para el desembolso, por ejemplo, podría ser que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, esté directamente involucrada en el monitoreo del programa.
Lamentablemente, el programa de petróleo por alimentos de Irak fue manchado por alegatos de corrupción y mala administración. Esto no significa que el programa haya sido una mala idea, pero sí sugiere que debemos aprender de sus errores. Uno de los problemas en su diseño era que el gobierno iraquí continuaba seleccionando a sus compradores de petróleo. Los funcionarios de ese país empezaron a solicitar a sus clientes que depositaran cargos adicionales en cuentas bancarias controladas por el gobierno y que fueron utilizadas después para evadir las sanciones. En un programa de petróleo por alimentos para Venezuela, los compradores serían seleccionados por una junta independiente que incluiría representantes de la administración de Guaidó.
En el caso de las sanciones a Irak, las autoridades estadounidenses concedieron excepciones a los países que se comprometieran a reducir significativamente su exposición al petróleo iraní. En la ausencia de esta excepción, estos países habrían sufrido el mismo problema que ahora tienen los socios comerciales de Venezuela: dado que las sanciones le otorgan a Estados Unidos la potestad de bloquear a cualquier entidad que haya “asistido materialmente” a la entidad sancionada, los socios extranjeros evitarían hacer negocios con la firma sancionada.
Ese tipo de régimen es más difícil de implementarse en Venezuela porque, contrario a Irán, el principal destino del petróleo venezolano es Estados Unidos. Sin embargo, otorgar excepciones para China o India, que, en su conjunto, representan el destino de 46 por ciento de las exportaciones de Venezuela, sería un comienzo importante. Las excepciones deben venir acompañadas con el requisito de que los pagos sean depositados en fideicomisos que solo puedan ser usados para pagar ciertos bienes, como alimentos, medicinas o importaciones esenciales para la industria petrolera venezolana.
La necesidad de acción inmediata es urgente. Los inventarios del país han sido diezmados por la contracción económica, que ya es la más profunda de la historia económica de la región. Aunque los datos sobre la economía venezolana son difíciles de obtener, un estudio conducido a mediados de 2018 concluyó que los inventarios de arroz y trigo del país, dos bienes de consumo básico, alcanzaban para uno o dos meses; estos probablemente se han reducido con el agravamiento de la crisis.
La situación es incluso más seria a nivel de suministro de combustible. Aunque Venezuela es un país exportador de petróleo, la mayor parte de su gasolina la produce con aditivos importados de Estados Unidos; ese comercio está ahora prohibido. Poco después de que las sanciones fuesen anunciadas, compañías de países no sancionados, como India, dejaron de despachar productos a Venezuela, elevando la probabilidad de que el país no pueda reponer sus inventarios de combustible en las próximas semanas. La parálisis del sector transporte podría poner en vilo la distribución de alimentos.
Estados Unidos debería empezar a conceder excepciones a las sanciones a China e India, así como otorgar un periodo de reducción de operaciones para las importaciones de productos petroleros desde la nación norteamericana. Durante este periodo, el Consejo de Seguridad de la ONU podría discutir la creación de un programa de petróleo por alimentos patrocinado por la organización. Tratar este programa como una iniciativa multilateral podría reducir los riesgos de que Caracas rechace la propuesta. La necesidad de actuar es urgente. Si los mecanismos apropiados no se implementan en las próximas semanas, podríamos ver una hambruna desarrollarse en Venezuela. Si eso ocurre, Maduro no sería el único culpable.