En vista de que el fuerte dispositivo encabezado por la policía y el ejército en la línea divisoria entre Colombia y Venezuela no ha sido efectivo para replegar las confrontaciones armadas a plena luz del día, las autoridades colombianas solicitaron habilitar los canales diplomáticos para detectar los focos de inseguridad que en los últimos meses estarían favorecido el recrudecimiento de la violencia en territorios vecinos al puente internacional Simón Bolívar.
La petición fue reiterada este martes a pocas horas de que uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta comprobaran la existencia de una fosa común en inmediaciones al sector fronterizo de La Playita, en zona rural del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), que colinda con la población venezolana de San Antonio.
Este hallazgo se logró gracias a información suministrada por la comunidad, que denunció la aparición de cuerpos con signos de tortura y la irrupción de hombres encapuchados, quienes portaban fusiles en la orilla del río Táchira.
“Por las coordenadas del lugar pudimos verificar que la fosa está ubicada en territorio venezolano. Es una situación compleja, por eso estamos abriendo con la Cancillería colombiana los canales de comunicación y organizando todos los acercamientos posibles”, indicó el coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
“De nada sirve que tenga acá (en Colombia) un control férreo del paso de las trochas y del otro lado algunos grupos delincuenciales siguen disparando y cobrando extorsiones a contrabandistas y banqueros”, agregó Barrera.
También se prevé que en este escenario binacional las fuerzas armadas de ambos países se sienten para tratar de esclarecer los factores desencadenantes de las 11 balaceras, que en los últimos tres meses han dejado una venezolana muerta y tres personas más heridas, entre ellas un menor de edad, de 14 años.
Para la Fundación Progresar, estas ofensivas, que han instaurado un clima de miedo en el puente internacional Simón Bolívar, obedecen a una disputa territorial entre los Rastrojos, el clan del Golfo, el autodenominado Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN) y el frente Germán Velasco Villamizar del ELN, para ejercer el control de las rutas del contrabando, el comercio ilegal de armas y la droga del narcotráfico.