La noche de este martes, los 59 colombianos detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en Caracas, comenzaron a recoger sus pocas pertenencias esperanzados con la noticia que acababan de recibir: después de un año y tres meses presos, el tribunal vigesimoséptimo de primera instancia en lo penal del área metropolitana dictó libertad plena para todos “toda vez que se evidencia que los mismos no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna en la causa asignada”.
La orden de liberación, emitida en la tarde y firmada por la jueza Zulay Salazar, fue una alegría imprevista que duró poco. En la noche comenzó la dilación, les dijeron que solo faltaba la firma de un jefe de guardia para dar curso a su salida, pero esta nunca llegó. En la mañana de este miércoles, tras gestiones de los abogados ante el tribunal, el resultado fue el mismo. Una fuente cercana a los familiares de los retenidos aseguró que el ministro venezolano de Interior y Justicia, Néstor Reverol, “no autorizó la liberación”.
“Estamos a cargo del señor Nicolás Maduro, eso lo sabe todo el mundo, que no importa lo que diga un juez, él será el que diga si vamos pa’fuera o no”, dijo a El Tiempo por vía telefónica Enoc Montemiranda, uno de los colombianos detenidos y quien hace un llamado a las autoridades en Bogotá para que intercedan por ellos.
“Que la Canciller se movilice, por favor. Acaba de llegar el abogado y nos dijo que no ejecutarán la orden de liberación, necesitamos presión, yo tengo un año y tres meses detenido, acá estamos enterrados, sin juicio, sin nada”, afirmó uno de los detenidos, quien era encargado de una panadería en el centro de Caracas.
Poco después, el abogado confirmó a la prensa que el director nacional de la Policía Nacional Bolivariana, general Carlos Ampueda, es quien se negó a darle curso a la orden de la juez.
“En consecuencia, nos encontramos ante una prohibición ilegítima de libertad, de abuso de poder, de desacato. El debido proceso se tiene que respetar”, indicó el abogado.
Afuera de la sede policial, los familiares los esperaban. Algunos, como Marta Guzmán, madre de Jáder Pardo, otro de los detenidos, aseguró que fue incluso con un taxi contratado para llevarse a su hijo.
“No nos dicen nada en concreto, ellos no hicieron nada. A mi hijo lo agarraron porque no tenía los papeles, pero esa no es razón para esta detención por tanto tiempo”, expresó.
Inicialmente, más de 90 colombianos fueron detenidos en agosto del año pasado luego de que el presidente Maduro aseguró que un grupo de estos nacionales estarían preparando acciones desestabilizadoras contra su gobierno.
Tras un primer traslado a la frontera para su deportación, en seguida fueron devueltos a Caracas, donde permanecen retenidos sin que se les haya seguido ningún proceso judicial que pruebe la comisión de algún delito. La mayoría de los detenidos son trabajadores informales. Montemiranda asegura que el encierro les ha significado la pérdida de lo poco que tenían. De este grupo inicial varios salieron por problemas de salud y algunos otros se han evadido de la sede policial, lo que deja en un limbo aún más difícil de procesar su condición actual.