El presidente de la República, Pedro Castillo, fue citado a declarar por la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la empresaria Karelim López, el próximo lunes 16 de mayo a las 10:00 horas.
Según la citación, el mandatario deberá dar su testimonio ante el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso.
El documento precisa que el mandatario deberá declarar “sobre los hechos materia de investigación en relación con el investigado Bruno Arnulfo Pacheco Castillo y otros, así como cualquier otra información que resulte relevante”.
Asimismo, se dispuso oficial al Despacho Presidencial, a fin de que señale el lugar de su elección en el cual el jefe de Estado brindará su declaración testimonial, ya sea en su domicilio o en el local de su oficina.
Investigación a Castillo
En febrero pasado la lobista Karelim López declaró ante la fiscal que Castillo Terrones forma parte de una presunta mafia que opera desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Su versión también involucra al exministro Juan Silva Villegas y a seis congresistas conocidos como “Los Niños”, así como a sobrinos de Pedro Castillo y al empresario Zamir Villaverde.
Actualmente, dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, están prófugos y con orden de prisión preventiva por el Caso Puente Tarata. También tienen orden de aprhensión el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien es investigado en el caso de lavado de activos.
En tanto, Villaverde actualmente está en prisión por esa misma resolución judicial. Buena parte de esa orden de prisión, dictada en marzo, se basó en declaraciones de Karelim López y en actos de corroboración posterior.
En enero de este año, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir dos investigaciones al presidente tras recibir informes de las fiscalías provinciales anticorrupción del Caso Puente Tarata y el Caso Petroperú; así como por el desarrollo en su despacho de los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, también dispuso suspenderlas hasta que Pedro Castillo termine su mandato, en el 2026. Esta medida ha sido criticada desde diversos sectores.