El informe del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (Giei), que había sido enviado a Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no alcanzó a ser presentado al gobierno de Daniel Ortega porque sus miembros fueron expulsados del país, es lapidario:
“Para el Giei, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, indicaron los expertos en un informe que al final fue presentado en Washington.
Este hecho, sumado a otros temas concretos como la crisis económica –que apunta a una contracción de 4 puntos porcentuales del PIB–, la existencia de grupos de choque que intimidan y atacan a la oposición, la persecución y hostigamiento contra la prensa independiente, el hecho de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quieran anclarse indefinidamente al poder, y las sanciones de Estados Unidos, hacen inevitable pensar que Nicaragua está en camino de convertirse en una «segunda Venezuela», salvando, por supuesto, las enormes diferencias.
La crisis, que llevaba fermentándose desde hacía algunos meses por la caída de la economía del país por cuenta de la disminución de la ayuda de cooperación internacional de parte de Venezuela, se desató el pasado abril por una reforma pensional que lanzó a miles de personas a las calles a protestar.
Nicaragua recibió un máximo de 563,8 millones de dólares en 2011 de parte de Caracas, y en el primer semestre del 2018 apenas llegó a 9,2 millones.
Con el paso de los días llegaron los bloqueos de vías y barrios y los muertos se empezaron a acumular, lo que derivó en que la protesta ya no era contra dicha reforma sino contra la crítica situación del país y el gobierno del binomio Ortega-Murillo. Vino un diálogo, mediado por la Iglesia católica, en el que se le exigió a Ortega hacer concesiones democráticas como el adelantamiento de elecciones, dadas las enormes dudas en cuanto a legitimidad que dejó su pasada victoria. Pero el régimen no dio su brazo a torcer. Lo contrario: acentuó la represión.
Nicaragua cierra este año con una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 ‘presos políticos’, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
“Estamos en una crisis terminal debido a que el mandatario ha llevado al país a un despeñadero (…) destruyendo la economía y la convivencia, y solo se puede mantener por el terror”, dijo el periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyos medios precisamente sufrieron la semana pasada el allanamiento de sus oficinas y luego fueron agredidos por la Policía; un libreto que se ha vivido incontables veces en Venezuela y que ha marcado el rumbo de la revolución chavista en un contexto de hostigamiento a la prensa y de un concepto llamado ‘hegemonía comunicacional’ que el ex presidente Hugo Chávez puso a rodar con el propósito de ahogar cualquier crítica desde los medios masivos.
El hundimiento de la economía es uno de los temas más difíciles, además de la brutalidad comprobada del régimen. Managua proyectaba un crecimiento este año de 5 por ciento, pero después de la crisis se calcula una contracción del 4, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que acusa pérdidas millonarias, el cierre de más de 7.000 pequeños y medianos negocios así como la pérdida de 400.000 empleos en la industria del turismo, una de las más pujantes de los últimos años.
En 2019 la economía se contraerá 11% si persiste la crisis, un escenario de pesadilla para uno de los países más pobres de América latina, según los empresarios.
A lo que hay que sumar la ’Nica Act’, firmada el jueves por Donald Trump, que impone sanciones individuales para miembros del gobierno de Ortega, entre ellos Murillo, y limita el acceso del país a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras no haya elecciones “libres, justas y transparentes”.
Dicha ley ya estaba en trámite desde antes del estallido social de abril pasado, debido a que Estados Unidos y una parte de la población de Nicaragua no estaban de acuerdo con la forma de gobernar de Ortega, a quien los opositores califican de “dictador”. Por esto, y más, Nicaragua ya parece una Venezuela a escala.
Así avanzó la represión en Nicaragua
16 de abril: Ortega anuncia reforma
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia la reforma del sistema de pensiones para incrementar el recaudo de impuestos. La decisión generó rechazo inmediato por parte de los ciudadanos, quienes se organizaron para marchar en contra.
18 de abril: Comienzan las primeras protestas
Durante tres días, miles de ciudadanos, en su mayoría universitarios, salieron a las calles, pero fueron reprimidos por la Policía. Los violentos enfrentamientos dejaron más de 200 muertos y al menos 2.500 heridos.
23 de abril: Revocan reforma
Ante la ola de violencia, Ortega decidió revocar la reforma de las pensiones. Sin embargo, las marchas siguieron, ahora con el propósito de pedir la renuncia del presidente, que lleva 11 años en el poder, y su ‘vicepresidenta’, que es su esposa.
31 de agosto: Expulsan comisionado de la ONU
El gobierno expulsó la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dos días después de que se publicó un informe acerca de los abusos contra los manifestantes en las marchas.
15 de diciembre: Policía allana medios de comunicación
La Policía de Nicaragua allanó las oficinas de tres medios de comunicación críticos del gobierno. Además, Ortega le quitó la personalidad jurídica a varias ONG locales. Uno de ellos es el emblemático diario digital El Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro.
19 de diciembre: Expulsan a la CIDH
El gobierno expulsó a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras acusarlas de ser “injerencistas” y de evaluar de forma parcializada la situación del país, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales.