Pasaban cuarenta minutos de las cuatro de la tarde cuando la fábrica de camisas comenzó a arder. Adentro más de un centenar de mujeres reclamaban por mejores condiciones laborales, pero aquella lucha quiso ser callada por el incendio. Era marzo de 1911, en Nueva York. Por entonces, en Uruguay ya estaba aprobado el divorcio, sin embargo las mujeres no podían siquiera votar. Ha corrido mucha agua desde entonces y aunque el «fuego» se fue extinguiendo, aún persisten «focos» de desigualdad y de asesinatos por el simple hecho de ser mujer. De eso trata la marcha de hoy.
Como ocurre en las conmemoraciones, en las cuales más que el festejo vale la reflexión, este Día Internacional de la Mujer sirve para el balance. Desde el 8 de marzo del año pasado hasta hoy se han aprobado cinco leyes que hacen a los derechos de género. Y aun así varios de los pasajes de estos textos corren riesgo de ser una simple intención ante la escasez presupuestal.
Otros cuatro proyectos, como la paridad salarial, la trata de personas y la discriminación a la población trans, descansan en los cajones del Parlamento o son parte de dilatados debates en las comisiones legislativas.
Pero la guinda de la torta, esa que hace llegar a este 8 de marzo con un sabor amargo, es que el Poder Judicial acaba de resolver la disolución de su oficina especializada en género. La unidad había surgido en 2011 como parte de un proyecto internacional. En 2015, la Suprema Corte de Justicia intentó que fuera una oficina propia, especializada en derechos humanos, género e infancia. Pero la iniciativa no prosperó cuando se votó el Presupuesto. Esta semana los integrantes de esta dependencia se enteraron que cerraría la unidad.
«La Corte no va a tener más grupos específicos; se trabajará en género en la escuela judicial o en otros lados», explicó Elena Martínez, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. «El diseño de las políticas tiene que pasar por otro lado».
Sin embargo, algunos colectivos feministas cuestionan la decisión. En particular dicen que Uruguay deja de cumplir con lo que aconsejan las convenciones internacionales.
A priori, el Poder Judicial descarta que la medida se deba a una razón económica. Eso no quiere decir que este poder esté en condiciones de garantizar los derechos vinculados a cuestiones de género.
Sin ir más lejos, la propia Martínez reconoció que «el Poder Judicial anunciará en la próxima Rendición de Cuentas qué necesidades tiene» para cumplir con las leyes vigentes; en especial con la ley Integral de Género aprobada el último diciembre. Una fuente de este poder lo resumió así: «Ya no podemos cumplir con la violencia doméstica, faltan tobilleras, mucho menos tenemos la cantidad de jueces, técnicos y lugares adecuados que pide la nueva ley».
El Poder Judicial es, dentro de los tres poderes del Estado, el más feminizado. De los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia, dos son mujeres. Hay paridad de género entre los ministros de los Tribunales de Apelaciones. Y ellas son mayoría, en una relación de siete a tres, en el resto de los roles.