Tras concluir su investigación, la fiscalía acusa a Pedro Pablo Kuczynski de la presunta conformación de una organización criminal. Esta habría recibido más de 12 millones de dólares de la constructora Odebrecht, así como de otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
En el expediente peruano, presentado ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, la fiscalía acusa al expresidente como “autor del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de actos de conversión, transferencia y ocultamiento”.
Según fuentes de El Comercio, en la acusación fiscal también incluyeron a cuatro personas naturales y cuatro jurídicas, contra quienes se pide penas de entre 11 y 35 años de cárcel.
En RPP, Julio Midolo, abogado de Kuczynski puntualizó que el exmandatario no ha cometido delito de lavado de activos. Añadió que su defendido está “bastante tranquilo” y confía que se demostrará su total inocencia.
“Esa acusación aún no ha sido notificada formalmente a la defensa, hoy nos notificaron una disposición fiscal sobre el término de la investigación”, expresó.
La investigación preparatoria del caso comenzó en abril del 2018. Se trata de la acusación número 15 del equipo especial.
En junio del 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación a Kuczynski. Esas compañías tuvieron contratos de asesorías financieras con Odebrecht, específicamente para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.
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