Varias cosas quedaron claras en Venezuela en la semana que termina luego de que el ‘Madurazo’ para clausurar la Asamblea Nacional, quitarles la inmunidad a los parlamentarios y darle superpoderes al Presidente fracasó.
La primera, y quizás más inquietante, es que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a todo, incluso a cruzar peligrosas líneas rojas, en su camino hacia el totalitarismo y la dictadura. Con la brutal represión, el jueves, de las manifestaciones en las que miles de personas salieron a las calles para pedir la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las amenazas de que el chavismo está dispuesto a irse por la vía de los Kalashnikov para defender su proyecto político, se marcó probablemente el talante de lo que se viene para el país, acosado y desesperado por la crisis económica y de desabastecimiento, que no da tregua.
Más aún, el anuncio del líder opositor Henrique Capriles, de que fue inhabilitado 15 años, muestra a las claras el juego sucio del Gobierno al intentar decapitar el liderazgo opositor si se piensa que Leopoldo López cumple una pena de casi 14 años de prisión, María Corina Machado también fue inhabilitada y otros líderes o están presos o sufren directas persecuciones del régimen.
También se hizo evidente que el ‘Madurazo’ se constituyó en una especie de revulsivo que cambió el escenario de la oposición en Venezuela, al unirla de nuevo en torno a un mismo objetivo y revivir el sentimiento de millones de venezolanos que no desean que Maduro y su corte sigan llevando a Venezuela camino del despeñadero, lo cual se hizo patente en las calles y en las protestas que se anuncian.
Fue como un balazo en el pie que se disparó Maduro, porque probablemente no esperaba tan enérgico rechazo de la población ni tan generalizado consenso de la comunidad internacional, que le plantó cara en la OEA y activó la Carta Democrática con la exigencia de que haya elecciones, se le devuelvan todas las facultades a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), se libere a los presos políticos, se abra una vía de auxilio humanitario y se trace una hoja de ruta mediante el diálogo, para una transición democrática.
Tales pedidos, que se convirtieron en un imperativo para la oposición y la comunidad internacional, parecen no pasar por la mente de Maduro, ni siquiera suponiendo que sea cierto que hay una fractura del chavismo, develada por el rechazo de la fiscal Luisa Ortega a las dos sentencias del TSJ por considerarlas un quiebre constitucional.
Dada esta realidad, el gran interrogante que se abre es cuál será la actitud de los militares ante lo que está pasando. Si bien es cierto que Maduro ha hecho lo posible para comprar sus voluntades, darles ministerios, mejorar sus sueldos y defender o sostener a los que han sido señalados de corrupción o narcotráfico, su mandato es el de hacer respetar la Constitución y la ley, y por ende no pueden hacer oídos sordos del clamor ciudadano. La presión interna y externa está convirtiendo a Venezuela en un caldero que en algún momento va a encontrar un escape demoledor. Ojalá que si ello ocurre, la Fuerza Armada esté en el lado de la democracia y la libertad.