Para evitar que la crisis humanitaria en frontera con Venezuela escale a las proporciones del 2015, cuando 1.532 colombianos fueron deportados del vecino país por orden del presidente Nicolás Maduro, las autoridades locales y gremios económicos de Cúcuta clamaron la intervención de la comunidad internacional para atender el gran flujo de venezolanos que en los últimos meses viene desestabilizando este territorio.
Este preocupante llamado emergió en medio de una reunión entre funcionarios de la Alcaldía y delegados del Gobierno Nacional, quienes analizaron el paso masivo de venezolanos huyendo de su territorio y el número elevado de estos ciudadanos extranjeros que acondicionaron albergues improvisados en canchas y parques de la capital nortesantandereana.
En la capital nortesantandereana viven cerca de 700 ciudadanos extranjeros –el 30 por ciento son niños– en canchas y parques.
Solo en diciembre, a diario hubo un flujo de entrada y salida por el puente Simón Bolívar de 35.000 personas. Frente a este grueso número de venezolanos, algunas entidades señalaron que los instrumentos de atención no dan abasto para brindar una asistencia humanitaria, por lo que se evaluará la instalación de albergues.
“Se ha hecho todo el acompañamiento necesario a las diferentes entidades del orden nacional para buscarle solución a un problema muy grande que definitivamente se salió de las manos como la migración que está desbordada. El llamado es para que la comunidad internacional nos ayude a atender esta situación que se salió de cualquier posibilidad de solución regional por la cantidad de personas que siguen llegando a diario”, indicó Carlos Luna, director de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
En el mes de diciembre, esta situación humanitaria se agravó por el incremento de personas que salieron del vecino país, ante las amenazas del presidente Maduro de un posible cierre del paso peatonal en frontera.
En lo que coincidieron las autoridades locales es en la necesidad de habilitar lugares de paso al estilo de albergues temporales, como los que anunció en un primer momento la Cancillería, pero que nunca se oficializaron. En este punto, los gremios económicos fueron enfáticos en insistir que estos perímetros humanitarios no se pueden convertir en campos para refugiados.
Estas zonas operarían de forma similar al hogar Divina Providencia, ubicado en Villa del Rosario. Allí, una comunidad católica acondicionó un lote baldío de 1.500 metros cuadrados para habilitar un comedor comunitario y repartir cerca de 2.000 almuerzos diarios.
“Hemos llegado a la conclusión de que vamos a buscar el acompañamiento de la ONU para aquellas personas que viven y están durmiendo en los andenes y en los espacios deportivos. Es una tarea que se hará realidad en menos de 15 días, con la apertura de albergues temporales. Hay unos hogares de paso que está en Villa del Rosario, el cual habilitaremos para que puedan dormir ahí y evitar ese espectáculo inhumano en las calles de la ciudad”, puntualizó Cesar Rojas, alcalde de Cúcuta.
En el encuentro, el mandatario también acordó con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía Nacional aumentar los operativos en los semáforos y en sector como Sevilla, para evitar que los menores de edad se expongan a situaciones de riesgo como la prostitución o la explotación laboral.
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