En menos de una década y sin estar preparada para ello, a Colombia le llegó una oleada de inmigrantes que supera la población de capitales como Bucaramanga o Ibagué. Solo por puntos fronterizos legales, se calcula que son cerca de 600.000 venezolanos que han cruzado a nuestro país huyendo de su patria por cuenta de la “megacrisis” social, económica y política desatada por el régimen de Nicolás Maduro. A esto habría que sumarles los cientos de pasos ilegales que existen a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera terrestre entre las dos naciones, de La Guajira a la Orinoquia.
En 20 años, los mismos que lleva en el poder el chavismo, los papeles tradicionales entre Colombia y Venezuela se invirtieron. En ese lapso, Colombia logró reducir el número de asesinatos por año de casi 30.000 a menos de 12.000 en 2017. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Venezuela se trepó a 89 por cada 100.000 habitantes y Caracas es hoy una de las capitales más peligrosas del mundo.
También giró en 180 grados la ruta de los que buscaban un mejor futuro al otro lado de la frontera. Venezuela tiene una inflación que llegó a 2.600% en 2017 y un trabajador de salario mínimo gana 3 dólares al mes (al cambio no oficial, más alto). A lo que se suma una escasez cada vez peor de toda clase de productos.
Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos lanzó en Cúcuta una nueva estrategia que, en esencia, intenta ponerle orden a la llegada de venezolanos. Pero no será una tarea fácil.
Cada día, según Migración Colombia, unas 37.000 personas están cruzando desde el otro lado de la frontera para rebuscarse alimentos y medicinas. Son los protagonistas de lo que los expertos denominan ‘migración pendular’, para entrar a nuestro país usan la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que les ha permitido a por lo menos 1,5 millones de personas ingresar sin mayores trabas a Colombia por un corto periodo para proveerse de artículos básicos, buscar atención médica o trabajar por pocos días en labores del campo y otros trabajos no calificados.
Esa tarjeta de movilidad –cuya expedición se acabó esta semana, aunque siguen vigentes las entregadas con anterioridad– se convirtió en los últimos dos años en una tabla de salvación para muchos venezolanos. A tal punto que llegó a ser usual que habitantes de los estados de frontera las tramitaran para sus familiares del interior y se las dieran como regalos de Navidad y cumpleaños.
Los que no regresan con sus mercados se llevan, escondidos, los dólares que compran con los pesos que reciben por esas jornadas. Al otro lado de la frontera la diferencia entre el cambio oficial y el mercado negro puede ser de 100 a uno. Pero cada cruce de frontera es una aventura. No solo por los atracadores que acechan las trochas, sino porque es frecuente que la Guardia Nacional Bolivariana los despoje de todo lo que llevan sin consideración alguna.
La mayoría –unos 35.000– estaban regresando a sus casas el mismo día o en los siguientes, pero cada vez son más los que deciden quedarse en Colombia o comenzar un viaje hacia otros países.
Migración Colombia reportó a finales del 2017 que existen unos 550.000 venezolanos en condición regular o irregular en el país, un 62% más con respecto a un informe de mediados del año. En el último mes habrían llegado al menos 50.000 más. Muchos tienen familia en Colombia y han encontrado maneras de acomodarse en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.
Otros siguen de largo y usan el territorio colombiano como puente. Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica son, en ese orden, los destinos a los que se dirigen, según las estadísticas de Migración Colombia.
Los que ya se han quedado y, sobre todo, los que pueden llegar, representan uno de los más grandes retos que haya vivido Colombia. El gobierno, que desde 2015 viene preparándose para este escenario, incluso ha enviado a varios de sus más altos funcionarios a Turquía y otras naciones que han enfrentado los efectos de la crisis humanitaria por la guerra en Siria (5,4 millones de refugiados desde el 2011, según Acnur).
El plan desplegado esta semana forma parte de esa estrategia. En esencia, lo que se ha pretendido es facilitar el ingreso de los vecinos pero tratando de formalizarlos, de tal manera que no terminen siendo pasto para la informalidad o, peor aún, la ilegalidad.
Eso, de hecho, ya está pasando. Aunque siguen siendo marginales, las capturas de venezolanos por delitos comunes van en aumento en Colombia. En 2017 fueron 2.076, que equivalen a un 0,8% de las 243.487 realizadas por las autoridades en toda Colombia. Pero tan solo en enero de este año fueron 407, el 1,6 del total nacional (24.031).
El tema venezolano también está en la agenda de seguridad nacional. El objetivo de acabar con el enclave cocalero del Catatumbo (el segundo más grande del país, con más de 24.000 hectáreas y el que más ha crecido en los últimos tres años) podría verse en jaque ante la eventual llegada de mano de obra barata para los narcos desde el otro lado de la frontera. La condición de vulnerabilidad de los inmigrantes también podría proveer de carne de cañón al Eln y bandas como ‘los Úsuga’.
La explotación los ronda. En los últimos años más de 600 empresas y negocios han sido sancionados por contratar venezolanos en condición de ilegalidad.
“No les pagan ni siquiera el salario mínimo, no los afilian a seguridad social y en muchas oportunidades a final de mes los botan sin un peso, aprovechándose de que no pueden reclamar por su condición de ilegales”, explica una autoridad que conoce la problemática.
Uno de los negocios multados es un local en Bucaramanga en el que 11 jóvenes venezolanas ejercían la prostitución.
A esto se suman algunos brotes de xenofobia que han sido azuzados desde redes sociales y que están enmarcados en la polarización de las campañas para Congreso y presidencia.
“Hacemos una llamada al pueblo colombiano para ser solidarios con ellos y brindarles nuestra ayuda”, dice Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia.
Esos episodios de discriminación, además, desconocen de plano cómo por casi 40 años Venezuela fue la fuente de ingresos para millones de colombianos que buscaron allí un mejor futuro para ellos y para sus familias en Colombia en los tiempos de la bonanza petrolera.
Responsabilidad compartida
El escenario más extremo, el de los campos de refugiados con miles de personas atendidas con ayuda de las Naciones Unidas, también está previsto. En él, la pauta sería marcada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que atendió, por ejemplo, la tragedia de la avalancha que destruyó el centro de Mocoa.
Todos los analistas advierten que la magnitud que ya tiene la crisis venezolana y, sobre todo, las mínimas posibilidades para que se resuelva o minimice en el corto plazo podrían desbordar las previsiones y capacidades de Colombia. Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial, aseguró que “es un reto que Colombia no puede asumir sola, el gobierno de manera vehemente debe pedir ayuda a la comunidad internacional”.
Esos contactos quedaron en evidencia en la visita de esta semana del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, y han sido permanentes con Naciones Unidas. Otros analistas señalan la necesidad de llevar el tema a la OEA.
“La llegada de ciudadanos de Venezuela no se va a detener y las elecciones de abril pueden llevar a una intensificación del éxodo”, anota Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Por lo que el ex ministro y ex diplomático Fernando Cepeda Ulloa, considera que Colombia tendría que pensar en liderar “un movimiento regional” para atender la crisis humanitaria.
Andrés Molano, catedrático de la Universidad del Rosario, remata: “La situación requiere mecanismos de responsabilidad compartida. Ningún país del mundo está preparado para recibir ese tipo de flujos migratorios”.