El bloqueo de varios canales internacionales de noticias y la supresión de casi 50 emisoras de radio y televisión locales en Venezuela constituyen una forma de restricción extrema de la libertad de expresión y un giro más en la instalación de un modelo de gobierno autoritario, que busca imponer un relato único a toda la sociedad. Estamos ante un patrón de censura que la región parecía haber superado. Por ello, es imperativo denunciar lo que está sucediendo en ese país en materia de radio y televisión, y explicar por qué estas medidas constituyen una forma de restricción indirecta a la libertad de expresión.
Aunque parezca irónico, en los documentos oficiales que se conocen y en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno venezolano ha invocado principios del derecho internacional de los derechos humanos y de respeto a la libertad de expresión para justificar el cierre o la prohibición de medios de comunicación, tales como proteger la soberanía, combatir mensajes de odio o su derecho a no renovar licencias de medios con los plazos de operación vencidos. Allí radica la perversión que debemos desmontar.
Hay que recordar que, en los hechos, este régimen ha decidido denunciar los tratados internacionales y desatender a todas las recomendaciones de los organismos de protección de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, y esta actitud la vemos en particular en materia de libertad de expresión. De hecho, a través de distintas decisiones se estableció la responsabilidad internacional de Venezuela por el uso de potestades estatales con desviación de poder. Como ejemplos podemos citar diversos casos de discriminación a funcionarios, periodistas, medios de comunicación y organizaciones sociales por la opinión política que sostenían.
En lo que respecta a los medios de comunicación internacionales, Conatel (el organismo que regula las telecomunicaciones en Venezuela) ha ordenado a las empresas de televisión para abonados dejar de emitir varias cadenas internacionales de noticias (CNN, NTN 24, cadena Caracol y RCN), que se ocupaban de la situación en Venezuela y eran una fuente de información para la sociedad. Obviamente, eran medios que emitían información disonante, frente a la información y propaganda favorable al gobierno que ofrecen los múltiples medios que este controla directa e indirectamente.
Todos estos cierres fueron precedidos de acusaciones y amenazas públicas a cargo de los más altos representantes del régimen: ya sea el propio Nicolás Maduro, su vicepresidente Tarek El Aissami o el influyente Diosdado Cabello, muchas veces ellos mismos involucrados en las investigaciones y denuncias que difundían estos medios. Estas amenazas, invariablemente, han sido cumplidas por el organismo regulador (Conatel), sin seguir un procedimiento que permita establecer de qué tipo de abuso se les acusa o someterlo a un proceso judicial para establecer que incurrieron en algún tipo de responsabilidad.
De acuerdo con los estándares internacionales, las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales, estar establecidas por ley, perseguir finalidades legítimas a la luz del derecho internacional y, además, deben ser necesarias y proporcionales al objetivo que se persigue. Como lo han sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la eventual restricción de un derecho como la libertad de expresión exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso; corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio o de silenciamiento. No hay duda de que la censura de estos medios internacionales obedece a la decisión adoptada en la cúspide del gobierno de suprimir a un medio de comunicación por su línea informativa o editorial, lo que a todas luces violenta la prohibición de censura previa.
En paralelo a esta modalidad, Conatel ha procedido a clausurar distintos medios de comunicación venezolanos que difunden su señal a través del espectro radioeléctrico o incluso vía Internet. La sociedad civil ha documentado casi 50 medios cerrados en el último año, entre ellos el canal ULA TV (Universidad de los Andes) o las radios Antena 3, Caracas 92.9 y Mágica 99.1, emisoras emblemáticas para sus comunidades; muchas de ellas mantenían una línea editorial y periodística crítica del gobierno.
Todo parece indicar que la estrategia es dejar vencer los plazos de las licencias de todos los medios, no habilitar procedimientos transparentes de renovación o acceso a las frecuencias e ir cerrando selectivamente radios críticas para diseminar un efecto inhibitorio y de autocensura en las que van quedando abiertas. Incluso hace poco se clausuró la radio de carácter social Fe y Alegría, aunque a las pocas horas se dio marcha atrás, seguramente por la inmensa repercusión y respeto que concita esta cadena en el país. Pero es un buen ejemplo del temor que produce estar sujeto a la discrecionalidad y arbitrariedad del poder.
El argumento central del gobierno es que estas emisoras operaban sin licencia, no obstante haber solicitado la renovación de sus permisos con mucha antelación. El régimen argumenta que no habría una obligación jurídica de renovar estas frecuencias. Sin embargo, la ley vigente establece un proceso para concursar por la renovación, lo que echa por tierra tal argumento. Por otro lado, también se ha verificado que tras suprimir una de estas licencias son adjudicadas a personas afines al gobierno, lo que evidencia una motivación o un propósito distinto: castigar a una emisora independiente y entregar la licencia a un empresario partidario del gobierno.
En Venezuela, hace mucho tiempo que no se respetan los procedimientos y mecanismos legales de renovación o acceso a las frecuencias, ni existe una autoridad independiente para regular estos procesos, dado que el consejo que gobierna Conatel tiene una mayoría partidaria y sus decisiones a menudo son adoptadas basadas en consideraciones políticas. La Corte Interamericana en el caso RCTV vs. Venezuela subrayó que los estados tienen la obligación de regular de manera clara y precisa los procesos que versen sobre el otorgamiento o renovación de concesiones o licencias relacionadas con la actividad de radiodifusión, mediante criterios objetivos que eviten la arbitrariedad.
La corte concluyó que en la ley venezolana estaba dispuesto un debido proceso para la transformación de los títulos y para la renovación de la concesión y el seguimiento del mismo fue deliberadamente omitido por el Estado al revocar la licencia del canal RCTV, vulnerando con ello las garantías previstas. La existencia de dichos procedimientos y que se haya decidido no aplicarlos es justamente un efecto más de la finalidad real e ilegítima que ha perseguido el Gobierno Venezolano con la mayor parte de estas clausuras.
Como consecuencia de esta política sistemática de clausura de medios nacionales e internacionales críticos e independientes del gobierno, sufre menoscabo la libertad de expresión y el pluralismo de ideas indispensables para la existencia de una sociedad democrática abierta. El pluralismo de ideas en los medios no se puede medir solo a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes.
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