Desde la intervención de al menos cuatro cárceles en 2023 que según el gobierno venezolano llevaron al desmantelamiento de la banda criminal el Tren de Aragua, la actividad carcelaria mantuvo un bajo perfil en Venezuela.
Ahora, por primera vez en la historia del país, presos de 20 cárceles y más de 30 calabozos cumplen más de 48 horas en huelga de hambre, en protesta «por el retardo procesal, hacinamiento y vulneraciones a los derechos humanos», dijo a EL TIEMPO Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Si bien las autoridades no se han pronunciado, el gobierno de Nicolás Maduro destituyó a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, ante la crisis que se ha generado.
Bautista estuvo un año en el cargo y ahora la reemplaza el diputado Julio García Zerpa. «Designé como nuevo Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa, para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos», informó Maduro en un mensaje en X.
El mensaje de Maduro es la única declaración de un funcionario del Estado que se ha conocido hasta ahora.
¿Por qué están en huelga en las cárceles de Venezuela?
Las cárceles venezolanas albergan a más de 50.000 presos, muchos de ellos con condenas cumplidas, pero o no les ha llegado la boleta de notificación debido al retardo procesal o simplemente prefieren quedarse viviendo en el recinto, como muchos de los líderes negativos que tras la jerarquía que ganaron en prisión forman bandas criminales y delinquen desde la cárcel.
Desde el 9 de junio, ONG que documentan la situación penitenciaria en el país alertaron sobre una huelga de hambre que se inició en la capital y se ha extendido a otros estados.
“Ya basta de mentiras y engaños”, se lee en un comunicado de las mujeres privadas de libertad en el INOF, la única cárcel de mujeres en Venezuela, quienes a 30 horas de iniciar la huelga de hambre aseguran que no cederán hasta recibir respuestas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que los detenidos exigen una «actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que, a su parecer, no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica».
También piden el respeto a las redenciones de pena que, aseguran, han sido incumplidas. Denuncian además el retraso procesal del sistema y supuestos malos tratos de funcionarios, así como «insuficiencia alimentaria» y un hacinamiento general estimado en 200%.
La población carcelaria en Venezuela se estima en aproximadamente 54.000 prisioneros, según cifras oficiales. Varias de las cárceles donde se registra la huelga de hambre fueron intervenidas en 2023 por el gobierno, que prometió entonces acabar con «las mafias carcelarias en Venezuela» dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y la trata de personas.
«A mi hijo le ha tocado comer carne verde (descompuesta)», dijo a la AFP, bajo anonimato, la madre de un preso trasladado desde Tocuyito (Carabobo) hasta una prisión en el estado Mérida, a unos 500 kilómetros de los tribunales que llevan su causa.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto Prensa Presidencial
«¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan», relató la mujer que tiene ocho meses sin ver a su hijo, en huelga de hambre hace cuatro días junto con otros reclusos.
A través de X, la ONG publicó videos que muestran a decenas de presos -hombres y mujeres- cantando el himno nacional y exhibiendo pancartas en los centros penitenciarios.
En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos -cuyo número no fue facilitado- solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y defensa pública se presenten «para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial», que contemplaba solucionar en 60 días el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció Nicolás Maduro en 2021.
En el escrito también se exige «libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal», así como la de «toda persona mayor de 70 años» y de quienes se encuentren en condiciones de salud «que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión».
«Tenemos un problema grave de retardo procesal, de garantías judiciales, de hacinamiento, de salud, corrupción; tenemos un problema grave de alimentación y tráfico de armas y de drogas», dijo a Efe Humberto Prado, director del OVP.
¿Qué dicen las autoridades venezolanas sobre la huelga?
Sin mencionar la huelga, en las últimas 24 horas, los Ministerios de Interior y Penitenciario han compartido imágenes a través de X, donde se muestran presos junto a personal de salud y se informa sobre visitas «como parte de la garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria en el país».
El OVP informó a Efe que está documentando los casos y que ha enviado comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura, Amnistía Internacional, al relator del Comité Contra la Tortura en Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.