De esta forma, el presidente le ganó el pulso a la oposición con el proyecto que presentó en febrero, a pesar de que los empleados de la rama judicial entraron en huelga para protestar por los cambios.
El punto más polémico es que ahora los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces serán elegidos por voto popular.
López Obrador reiteró este 12 de septiembre que la reforma servirá para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, que “no imparte justicia” sino que está al servicio de una “minoría rapaz”.
“Son responsables, en mucho, de la decadencia de nuestro país y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública”, señaló el presidente.
Pese a ese argumento, la reforma ha despertado señalamientos de organismos como la ONU o Human Rights Watch y de socios, como Estados Unidos y Canadá, por el riesgo de una intromisión del Ejecutivo o de actores ilegales en las campañas electorales de los jueces.
La iniciativa también ha despertado inquietud en los mercados ante la posibilidad de que surjan perfiles partidistas y de que el Poder Judicial quede limitado y deje de ser un contrapeso al Ejecutivo. Esta incertidumbre se ha ahondado luego de que la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, mostrara su respaldo a la reforma.
¿Se necesita la reforma judicial para combatir la corrupción y la impunidad, o rompe esta la independencia y politizará la Justicia al elegir por voto popular a los magistrados? Para analizar el tema, participan en El Debate dos invitados desde México.
– Lízbeth Robledo Sánchez, jueza de distrito especializada en materia de trabajo, adscrita al 13 Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Ciudad de México.
– Andrés García Repper Favila, abogado especialista en derecho constitucional y electoral.