México está a punto de convertirse en el primer país del mundo en el que el pueblo tendrá el poder de elegir a casi todos los jueces del país, desde los magistrados locales hasta los jueces del Tribunal Supremo. La amplia reforma judicial se aprobó por un estrecho margen en la Cámara Alta mexicana el 11 de septiembre por la mañana, después de que los manifestantes irrumpieran en el Senado en un intento desesperado por impedir que los legisladores votaran, obligándoles a continuar el recuento en un edificio separado.
El resultado de la votación no era un hecho. Aunque el partido gobernante tenía la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el paquete de reformas en la Cámara Baja, le faltaba un voto en el Senado. Una deserción de última hora de la oposición conservadora les dio finalmente los números que necesitaban: la propuesta se aprobó justo después de medianoche.
El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, celebró la aprobación de la reforma como «un ejemplo para el mundo».
«Es muy importante acabar con la corrupción y la impunidad. Avanzaremos mucho cuando sea el pueblo de México el que elija libremente a los jueces, a los magistrados, a los jueces», dijo el líder izquierdista en una rueda de prensa celebrada la mañana siguiente.
El presidente anunció el 12 de septiembre que la legislación había sido validada por la mayoría de los 32 congresos estatales de México, una formalidad, teniendo en cuenta que el partido del presidente cuenta con cómodas mayorías en gran parte del país. Una vez que se publique en el diario oficial del gobierno, la reforma entrará en vigor y comenzará a funcionar un nuevo sistema de justicia.
El próximo 15 de septiembre, a vísperas del día de la independencia mexicana, la reforma judicial será promulgada desde la presidencia, según avisó AMLO este 12 de septiembre, a la vez que respondió a los críticos de la reforma afirmando que, las advertencias sobre la presunta imposición de una «dictadura» son «ramplantes y superficiales».
«Es realmente muy ramplón, muy superficial, el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México, eso no es serio», manifestó López Obrador, quién agregó que no hay «fundamento teórico» para señalar una actitud dictatorial de parte de su Gobierno.
Aunque los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia ya confirmaron que levantarían el paro de labores activo desde hace semanas, los jueces y magistrados aún continuan fuera de sus puestos de trabajo protestando la reforma. El 11 de septiembre, anunciaron que irían a instancias internacionales para evitar la implementación de la iniciativa.
¿Qué cambios se darán en México luego de sancionar la reforma judicial?
Los más de 1.600 jueces federales en activo dimitirán, y la mayoría serán sustituidos en elecciones en junio del próximo año. Las legislaturas estatales tendrán 180 días para aprobar una legislación similar para sus propios sistemas judiciales, con lo que otros 5.000 jueces y magistrados estatales aproximadamente se presentarán a las elecciones junto con los cargos federales restantes en 2027.
Los candidatos deberán ser licenciados en Derecho, tener una alta media académica, un mínimo de cinco años de experiencia profesional -aunque no necesariamente como jueces- y una serie de referencias. Estos requisitos serán examinados por comités técnicos de ambas ramas del Congreso.
Los cambios no acaban ahí. La Corte Suprema se reducirá de 11 a nueve, y se reducirán los límites de sus mandatos. También se elegirá un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco personas, con amplios poderes para investigar e incluso destituir a los jueces -otro medio, dicen los proponentes, de hacer que los tribunales de justicia del país respondan más a la voluntad popular que al clientelismo privado.
Gustavo Flores-Macias, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad de Cornell, dijo que las críticas de AMLO a la corrupción en el sistema judicial estaban bien fundadas.
«La necesidad de combatir la corrupción en el sistema judicial mexicano es muy real», dijo. «El sistema judicial del país favorece desproporcionadamente a los ricos y a los que tienen buenas conexiones. Está sobrecargado y es lento. Esto es cierto a todos los niveles, por lo que la impunidad está muy extendida en México.»
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presenta su último informe de gobierno el 1 de septiembre de 2024 en Ciudad de México. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP/Archivo
AMLO ha caracterizado durante mucho tiempo la corrupción rampante de México como inextricablemente ligada al giro neoliberal del país en los últimos años del siglo XX, en los que las olas de privatización y subcontratación permitieron a empresas privadas con conexiones políticas desviar grandes cantidades de dinero público y redujeron drásticamente la capacidad del Estado para llevar a cabo programas sociales.
El presidente ha descrito sus seis años de mandato como una amarga lucha por deshacerse de este legado, y para ello ha aumentado drásticamente el salario mínimo, ha reforzado los sindicatos y ha supervisado enormes transferencias directas de efectivo a los pobres del país. Y lo que es más polémico, ha impuesto un programa de lo que denomina «austeridad republicana» para acabar con el amiguismo rampante en la administración del Estado y ha recurrido en gran medida a las fuerzas armadas de la nación para supervisar los proyectos de infraestructuras estatales.
Estas medidas radicales han dado lugar a un descenso significativo del número de mexicanos que viven en la pobreza: algo menos de nueve millones de personas salieron de esta condición entre 2020 y 2022, según la tasa oficial de pobreza multidimensional. También han hecho que el presidente saliente sea inmensamente popular: en las elecciones generales de junio, su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados y se quedó a un voto de conseguir lo mismo en el Senado. La sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, fue elegida con poco menos del 60% del voto popular.
Ahora, como último acto antes de dejar el cargo a finales de mes, AMLO ha utilizado este mandato para impulsar algunas de las reformas judiciales más radicales que se han visto en el siglo XXI.
Muchos favores a las empresas
William A. Booth, profesor de Historia de América Latina en el University College de Londres, dijo que pintar a los miembros del poder judicial de México como cómplices de una élite económica rapaz probablemente resonó entre los partidarios del partido gobernante.
«Una de las razones por las que esto ha sucedido y ha sido posible es que existe un claro solapamiento entre partes del poder judicial y la élite política y económica de México», afirmó. «Hay mucha corrupción, se hacen muchos favores a las empresas, y creo que esto explica por qué las empresas estadounidenses y canadienses han reaccionado con tanta fuerza ante esto».
Hay que decir que la respuesta de los principales socios comerciales de México no ha sido calurosa. En los días previos a la votación, el embajador de EE.UU. Ken Salazar dijo que la reforma era un «gran riesgo» para la democracia de México – y que podría poner en peligro la estrecha relación económica de los dos países, especialmente con el acuerdo de libre comercio USMCA que se revisará en 2026. En declaraciones a los periodistas, el embajador incluso planteó la posibilidad de que el nuevo sistema sea un botín fácil para los poderosos grupos de delincuencia organizada de México, lo que rompería la confianza de los inversores en el país.
Manifestación contra la reforma del poder judicial impulsada por el Gobierno el 8 de septiembre de 2024 en Ciudad de México. Foto: Silvana Flores / AFP
«Las elecciones directas también facilitarían que los cárteles y otros malos actores se aprovecharan de jueces políticamente motivados e inexpertos», afirmó.
Ramón I. Centeno, profesor del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, México, dijo que era natural que los inversores internacionales estuvieran preocupados por sus resultados.
«La principal preocupación de los ciudadanos mexicanos no es qué piensan o temen las empresas estadounidenses, el principal problema aquí… es que necesitamos más justicia», dijo. «Necesitamos un mejor sistema de justicia, no por lo que quieran los inversionistas extranjeros, sino porque aquí tenemos un gran problema de violencia que empezó en 2006, tenemos mucha gente que ha muerto y nadie ha rendido cuentas – hay miles y miles de personas que desaparecieron y nadie se está haciendo cargo de eso, nadie está rindiendo cuentas.»
Pocas pruebas de que los jueces electos sean menos corruptos
A pesar del consenso generalizado de que el sistema judicial mexicano está plagado de corrupción, no todo el mundo está convencido de que las reformas de AMLO vayan a solucionar el problema de raíz.
«Si bien el poder judicial mexicano necesita una reforma urgente, no está claro que la elección popular de jueces sea la mejor manera de abordar sus deficiencias», dijo Flores-Macias. «Hay poca evidencia de las experiencias internacionales de que los jueces electos sean menos corruptos o menos propensos a servir a intereses especiales que los no electos».
Mientras que EE.UU. y Suiza permiten la elección directa de los jueces locales, Bolivia saltó a los titulares en 2009 al convertirse en el primer país en elegir a los principales jueces de la nación por votación popular. No ha sido un éxito rotundo: tras los llamamientos de la oposición a boicotear las elecciones, las ternas presentadas por el partido gobernante, Movimiento al Socialismo, han resultado elegidas con escaso apoyo popular real.
En cuanto a la siempre presente amenaza de la corrupción de los cárteles en los tribunales, Flores-Macias dijo que era difícil ver cómo esta reforma por sí sola mantendría a los jueces libres de la tentación.
«La corrupción en el poder judicial mexicano está muy extendida, y es ingenuo pensar que los jueces no están ya en la nómina del crimen organizado«, afirmó. «Es poco probable que la elección de jueces cambie esta situación, ya que el crimen organizado coopta a los funcionarios electos en todos los poderes y niveles de gobierno».
¿Un gobierno de partido único?
Para otros críticos, sin embargo, las reformas no son meramente insuficientes, sino una amenaza a la idea misma de un poder judicial independiente. Centeno afirmó que las elecciones conducirían casi inevitablemente a un sistema judicial dominado por jueces favorecidos por el poderoso partido gobernante.
«En principio, no habría ningún problema con la elección de jueces», dijo. «Pero lo que hay que tomar en cuenta en el caso de México es que sólo hay una maquinaria electoral que puede hacer grandes campañas para que la gente sea electa, y es el actual partido que gobierna México, que es Morena.»
Centeno dijo que creía que la reforma estaba más motivada por la relación cada vez más enconada de AMLO con la Corte Suprema que por un auténtico intento de atajar la corrupción judicial. El presidente saliente ha chocado repetidamente con el Tribunal Supremo por algunas de sus políticas más emblemáticas, como la propuesta de recortar el personal de la comisión electoral independiente de México y un intento de poner a la Guardia Nacional, dirigida por civiles aunque en gran parte por militares, bajo control militar directo. Ambos fueron tachados de inconstitucionales.
«Esta reforma para que los jueces sean elegidos significará básicamente que los alineados con el partido Morena son los únicos que ganarán», dijo. «Lo que significa que Morena controlará todas las instituciones».
Flores-Macias dijo que la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia probablemente continuará mucho después de que los primeros jueces electos tomen posesión de sus cargos.
«Los mecanismos anticorrupción estrictos son cruciales para el buen funcionamiento del poder judicial, independientemente de si los jueces son elegidos o no, así como la protección de los jueces que podrían sufrir represalias por sus fallos», dijo.
Centeno afirmó que los jueces corruptos son sólo una parte de lo que se interpone entre los mexicanos y el acceso a la justicia.
«El problema está en la base, en las personas a cargo del sistema judicial que los mexicanos ven cuando buscan justicia», dijo. «Necesitamos más personal, y más personal bien preparado».
Dijo que sin una mejor capacitación y financiamiento para la policía y los fiscales, los casos estarían muertos en el agua antes de llegar a los jueces recién elegidos.
«Lo que suele ocurrir aquí es que un policía detiene a alguien, pero en realidad no sabe cómo proceder paso a paso», dijo. «Así que cuando detienen a alguien, quizá in fraganti, llevan a esa persona ante el juez; el juez ve que no se ha seguido el protocolo y esa persona detenida vuelve a quedar en libertad. Los grandes problemas del sistema judicial están en el nivel micro, no en el macro».
Adaptado de su original en inglés
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