Artistas y grupos musicales como Rolling Stones, Elton John, R.E.M., Lorde, Sia, Linkin Park, Green Day, Blondie y Pearl Jam, entre otros, demandaron a los dos principales partidos políticos de Estados Unidos que regulen el uso de su música en campañas electorales.
En una carta, firmada por más de medio centenar de músicos junto con la organización de propiedad intelectual Artist Rights Alliance, se pide a los comités del Partido Republicano y Demócrata que «establezcan políticas claras que requieran que las campañas pregunten por el consentimiento de los artistas antes de usar públicamente su música en un entorno político o de campaña».
El uso de canciones populares en propaganda política ha sido objeto de controversia durante los últimos años. Artistas como Neil Young y Guns N’ Roses criticaron que sus temas formaran parte de los mítines de campaña de Donald Trump sin su consentimiento.
«Este no es un problema nuevo. O partidista. Cada ciclo electoral trae historias de artistas y compositores frustrados al encontrar que su trabajo se utiliza en entornos que sugieren el respaldo o el apoyo de los candidatos políticos sin su permiso o consentimiento», afirma la misiva.
Aerosmith, Alanis Morissette, Courtney Love, Cyndi Lauper y Elvis Costello también firmaron el documento.
«Ser arrastrado involuntariamente a la política de esta manera puede comprometer los valores personales de un artista al tiempo que decepciona y aliena a los fanáticos, con un gran costo moral y económico», señalan.
Los músicos y compositores demandan una respuesta antes del 10 de agosto, justo cuando faltarán menos de tres meses para las elecciones presidenciales de EE UU y arrancará la campaña electoral tras celebrar los comités de cada partido.
Entre el resto de signatarios también figuran Linkin Park, Lykke Li, Panic! At The Disco, Regina Spektor, Sheryl Crow y Train.
«Como todos los demás ciudadanos, los artistas tienen el derecho fundamental de controlar su trabajo y tomar decisiones libres con respecto a su expresión política y participación. Usar su trabajo con fines políticos sin su consentimiento viola fundamentalmente esos derechos, y es una invasión de los intereses personales más privados», aseguran.
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