Nuevamente Odalys Sánchez, directora del Grupo Odalys, tiene prohibición de realizar subastas físicas o en línea luego de una apelación que introdujo la defensa de las víctimas en contra de una decisión de los tribunales que había minimizado las medidas cautelares a finales del año pasado.
Alberto Roz, abogado de los afectados, explicó que no se trata de una nueva prohibición sino que, tras la apelación introducida por la defensa, la sentencia que permitía a Odalys volver a realizar subastas se declaró sin lugar, por lo que la medida vuelve a estar activa.
«Esa prohibición quedó firme en este momento, hasta que otro tribunal decida si las dejará o no. Posiblemente debería dejarlas por la situación de esta ciudadana que ha afectado a nueve víctimas y ella tiene sus obras. Tenemos como 15 personas más que se quieren aglutinar en la causa, pero no hemos podido meterlas porque sería interminable la investigación y queremos en este momento que la imputen para que el juicio continúe», explicó el abogado a El Nacional.
Subrayó que si Sánchez organiza subastas estaría vulnerando los derechos de los afectados, pues tiene obras de ellos y las podría estar vendiendo.
En un video publicado en sus redes sociales, la abogada Mariana León Mármol subrayó que espera que la galerista acate la decisión para que «no haya que arrestarla». Además, en otro video indicó que la estrategia de la defensa judicial de Sánchez ha sido «básicamente demorar todo porque no tienen cómo defenderse». Por esa estrategia, recalcó, la prohibición de realizar subastas se inhabilitó en un momento y ahora está activa nuevamente.
Odalys Sánchez fue detenida el 30 de julio del año pasado en medio de la subasta 307 que se realizaba en la sede de su galería en el Centro Comercial Líder, luego de haber desacatado la orden que le impedía realizar pujas públicas o privadas, además de ventas, emitida por el Juzgado Vigésimo Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas.
La galerista, que estuvo detenida un día y quien tiene prohibición de salida del país, aseguró que no estaba enterada de la notificación y calificó lo ocurrido de «terrorismo judicial y extorsión». Consideró que la persiguen para «quitarla del camino» de forma rápida.
En una entrevista posterior con El Nacional, los abogados de las víctimas negaron que se tratara de terrorismo judicial porque los encargados de la detención eran funcionarios de la Policía del Municipio Sucre.
«Que la policía que fue a suspender la subasta haya sido la Policía de Sucre es la muestra más fehaciente que pudieras tener de que hubo cero terrorismo judicial. Porque fue la policía del municipio donde se estaba produciendo el desacato», expresó en ese momento León Mármol.
Mientras que Roz señaló que Sánchez no se dio por enterada de la prohibición porque la estaba evadiendo. «A ella le fueron a notificar. Ella se escondía de los alguaciles que envían los tribunales para notificar de una situación. No los recibía», dijo.