El parlamento de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, tras 94 años de existencia, acusada por la dictadura de Daniel Ortega de no registrarse como un agente extranjero.
La cámara, controlada por miembros afines al presidente, también prohibió con el apoyo de 75 de los 91 diputados otras 82 ONG, entre ellas la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente homónimo (2001-2007), acusadas de saltarse el ordenamiento jurídico.
Sin ningún debate en el pleno de la cámara, estas cancelaciones fueron aprobadas mediante un decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Ministerio de Gobernación (Migob), entidad del gobierno que supervisa las ONG.
«La Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) lamenta profundamente la cancelación de la personalidad jurídica de una institución consagrada al estudio de la lengua y el cultivo de las letras nicaragüenses», expresó la entidad en un comunicado.
Con su ilegalización «se entorpece el funcionamiento de una institución, cuyo quehacer ha contribuido a enaltecer el bien más preciado de la cultura: la lengua», consideró.
El Migob alegó que las entidades canceladas «han transgredido e incumplido con sus obligaciones» y «obstaculizado el control y vigilancia» que realiza a esas entidades.
Entre las faltas señaladas, figuran «incumplir con el registro como agente extranjero; no reportar sus informes financieros y no promover la transparencia en el uso de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acorde con los objetivos y fines por los que se les otorgó la personalidad jurídica».
La ANL, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figuran el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
La ANL había rechazado los señalamientos y mencionó que al momento de su ilegalización trabajaba «en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española».
El gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.
Barbarie cultural
El escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez expresó a la AFP su «asombro» por lo que calificó como una «barbarie cultural» porque «la lengua no se puede conmutar».
Ramírez señaló que ha recibido mensajes de las academias de todo el continente. La disolución de la ANL «ha levantado una ola de estupor y repudio» en el mundo de las letras, apuntó.
«Nadie puede confiscar a las instituciones. No se cuál es la idea de ilegalizar la academia. Es una idea bárbara confiscar las investigaciones, el trabajo sobre la lengua», dijo a la AFP el autor de Castigo Divino (1988) y Margarita, está linda la mar (1998).
«Entre las contribuciones al idioma, la ANL tiene la responsabilidad de aportar a los distintos diccionarios de la lengua, el diccionario mayor, los nicaraguanismos; hay diccionario jurídico, gramática (…) Todo esto se va a seguir haciendo de parte de los especialistas», advirtió Ramírez.
A Ramírez, exiliado en España desde 2021 por evadir una orden de captura en su contra, le tomó la noticia de la disolución de la ANL en Guatemala, donde asiste al festival literario Centroamérica Cuenta.
La celebración de este evento se ha trasladado fuera de Nicaragua desde la represión de las protestas masivas de 2018. En 2019 se celebró en Costa Rica, mientras que la pandemia obligó a suspenderla en 2020 y a realizarla de forma virtual en 2021.
Con estas 83 ONG aumenta a más de 300 las entidades canceladas por el gobierno de Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno acusa a las ONG ilegalizadas de emplear los fondos recibidos para intentar un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
El mandatario, de 76 años, que integró la primera junta de gobierno sandinista en 1979 y luego fue presidente entre 1985 y 1990, regresó al poder en 2007, donde se mantiene tras obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos.