Shakira está a un paso de zanjar sus cuentas pendientes con la justicia española, después de que la Fiscalía de ese país pidió este miércoles el archivo de su segunda causa abierta por fraude fiscal al considerar que «no existen indicios suficientes» para procesarla penalmente por el caso.
La artista ya había enfrentado otro proceso en 2023 en el que optó por pagarle a Hacienda una multa de más de 7,3 millones de euros por defraudar al fisco en los años 2012 y 2014.
En esta nueva causa, abierta en julio de 2023, la Fiscalía señalaba a la cantante colombiana de dos presuntos delitos contra la Hacienda cometidos en el ejercicio de 2018.
¿De qué la acusaba la fiscalía en este nuevo proceso?
La Fiscalía de Barcelona presentó esta segunda querella contra Shakira en julio, cuando ella estaba a la espera de sentarse en el banquillo a raíz de su primera causa abierta por fraude fiscal en España.
El ente la acusó, según el diario español ABC, de presuntamente simular la cesión de sus derechos a empresas fantasma para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del impuesto sobre la renta (IRPF) y sobre el patrimonio de 2018. La cantante, señalan, habría defraudado 6,6 millones de euros (aproximadamente 7 millones de dólares).
La querella, cuyo archivo pide ahora la Fiscalía, sostiene que la barranquillera defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones del impuesto sobre la renta, correspondientes a los ingresos que recibió por su gira de 2018 El Dorado y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
»Al ser residente fiscal en España estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF e IP, tributando por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador», se lee en el documento de la Fiscalía.
El Ministerio Público sostenía que Shakira había utilizado hasta 17 sociedades instrumentales en paraísos fiscales en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Nueva York, Miami o Liechtenstein «para gestionar sus ingresos profesionales y su patrimonio inmobiliario y financiero en 2018».
Señalaban que la colombiana se sirvió del entramado societario para «declaraciones inveraces» del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota fiscal.
«Movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria, presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP por el ejercicio 2018», decía la denuncia.
Tras la acusación, la cantante afirmó que se enteró una vez más de los señalamientos por publicaciones de la prensa y que no había sido notificada de manera formal. Al tiempo, acusó a la Fiscalía de recurrir a medios indebidos para presionar a los contribuyentes.
Shakira también aseguró que su actuación siempre ha sido conforme a la ley y «bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas», tal como recuerda ABC.
¿Por qué la Fiscalía pide ahora archivar el caso de Shakira?
La defensa de Shakira pidió hace tres meses el archivo de la causa por fraude fiscal abierta contra la cantante después de que en agosto del año pasado depositó ante la Audiencia de Barcelona los 6,6 millones que le reclamaba Hacienda para mostrar su voluntad de regularizar su situación con el fisco español.
Esta suma comprendía, además de la cantidad reclamada, los intereses y las tasas de regularización.
Y si bien fue precisamente la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó la segunda querella por fraude fiscal contra la artista, ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera los dos delitos contra la Hacienda pública.
Respaldaron también la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares personadas: la Abogacía del Estado -en nombre de la Agencia Tributaria- y la Generalitat, indicaron fuentes jurídicas.
¿Qué falta para que se archive la causa?
La Fiscalía se pronunció a favor del archivo, pero remitió a la cantante a la vía administrativa para que se ponga al día con Hacienda, de forma que la defensa destinará la suma inicialmente depositada en el juzgado a pagar la deuda que le reclama la Agencia Tributaria.
En otras palabras, el Ministerio Público considera que la artista sí tiene una obligación tributaria con la IRPF y Patrimonio por sus actividades y propiedades en 2018, pero que el asunto debe dirimirse por la vía administrativa y no por la vía penal.
Así las cosas, la Fiscalía considera que serían la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña las que deberían reclamar a Shakira las sumas de dinero requeridas por sus actividades de 2018.
Ahora será el juzgado a cargo de la instrucción el que deba decidir sobre el futuro del caso, pero la petición de la Fiscalía, que se suma a la presentada por la defensa de la artista, podría aligerar el horizonte legal de esta y el juzgado parece no tener otra opción que cerrar el caso.
La defensa de la colombiana ya celebró la decisión en un comunicado remitido a los medios.»Nos congratulamos de que la Fiscalía, por fin, se haya adherido a nuestra petición de archivo», apuntó.
¿Qué pasó con el otro proceso por fraude fiscal?
Shakira ya evitó someterse a un mediático juicio el año pasado ante un tribunal de Barcelona, tras alcanzar un acuerdo de último minuto con la Fiscalía por el que aceptó reconocer los hechos, así como el pago de una multa de más de siete millones de euros.
En ese caso el Ministerio Público la acusaba de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros de impuestos en España, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido en el país.
La Fiscalía pedía para la intérprete pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones de euros.
Shakira defendía que no incurrió en ningún ilícito, pues a pesar de haber iniciado en 2011 una relación con Piqué, llevaba una vida nómada por su carrera internacional, y su residencia fiscal estaba en Bahamas hasta inicios de 2015.
Al arranque de la primera sesión del juicio -que podría haber aireado parte de su vida privada-, Shakira formalizó su acuerdo con la Fiscalía y aceptó una sentencia de conformidad que incluía, entre otros, el pago de una multa de más de 7,3 millones de euros, correspondiente al «50%» del total del fraude.
Previamente, la cantante -quien en 2021 apareció también en los llamados Pandora Papers, la investigación periodística que señaló a centenares de personalidades por haber recurrido supuestamente a paraísos fiscales-, ya había ingresado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación en este caso.
¿Algo más pendiente con la justicia española?
Shakira está pendiente ahora de que la Audiencia Nacional española resuelva un litigio que mantiene con la Agencia Tributaria por el ejercicio tributario de 2011, en el que se dirime si residió ese año en España por encima de los 183 días anuales que de acuerdo con la ley convierten a un contribuyente en residente fiscal en el país.
Ese asunto, no obstante, permanecerá en la vía contencioso-administrativa, en la que la defensa de la artista confía poder demostrar que no residió en España el tiempo suficiente para estar obligada a tributar, sin que pueda convertirse en un proceso penal.