La actriz estadounidense Lori Loughlin fue inculpada este martes de un nuevo delito en el marco del caso de sobornos pagados por padres ricos para que sus hijos ingresaran a universidades prestigiosas, lo cual aumenta la posibilidad de que reciba una pena de cárcel.
A su inculpación por el crimen de conspiración para cometer fraude bancario se agrega el de conspiración para lavar dinero, indicó el fiscal federal de Massachusetts, Andrew Lelling. Este segundo delito es pasible de hasta 20 años de cárcel, con lo cual la actriz de 54 años de edad, que se hizo famosa en el rol de Becky en la serie Tres por tres, podría ahora ser condenada hasta 40 años de prisión.
A diferencia de la actriz de Desperate Housewives Felicity Huffman, que también forma parte de los 33 padres inculpados en este caso, Lori Loughlin no se ha declarado culpable hasta ahora. La declaración de culpabilidad permite evitar un juicio, y en general también reducir la pena del acusado. En el caso de Felicity Huffman, el despacho del fiscal recomendó el lunes una pena de prisión en el rango inferior de las directrices, es decir, 4 meses de cárcel como mínimo.
Aunque Loughlin decida declararse culpable, su pena sería quizás sensiblemente superior, no solo por el segundo delito del cual es acusada sino también por los montos de los sobornos pagados. Huffman pagó 15.000 dólares a un intermediario para que mejorara el resultado de un examen de admisión de su hija que sería presentado a las universidades, mientras que Loughlin y su marido, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, son acusados de haber pagado medio millón de dólares para que sus dos hijas fueras aceptadas en la Universidad del Sur de California como integrantes del equipo de remo. Giannulli también fue inculpado el martes de este segundo delito, al igual que otros 14 padres.
El ex jefe de una empresa especializada en la preparación de estudiantes para el examen de admisión a la universidad, William Singer, ideó un esquema para garantizar el ingreso de jóvenes a cambio del pago de sobornos. Las trampas iban desde el pago a determinadas personas para que mejoraran los resultados de los exámenes hasta que otra persona se hiciera pasar por el estudiante para presentar el examen, o el pago a entrenadores deportivos universitarios y administradores para que aceptaran a estudiantes en sus equipos a cambio de un generoso pago, aunque estos no fueran atletas y no tuvieran los méritos necesarios.
La empresa de Singer, que se declaró culpable y colabora con la justicia, recibió cerca de 25 millones de dólares de padres de elevados recursos, deseosos de que sus hijos fueran admitidos en universidades prestigiosas como Yale, Georgetown, Stanford o UCLA, según la Fiscalía de Massachusetts.