“Esperé ocho días para poder retirar el cadáver de mi hijo y después lo velamos máximo dos horas; tuvimos que hacer el traslado de la funeraria al cementerio rápido porque cerca estaban los enemigos, los hombres que lo mataron y era un riesgo para toda la familia”.
A Germán Antonio Cacúa le asesinaron a su hijo, Yerson Antonio Cacúa, de 35 años de edad, el 16 de diciembre en Quinta Crespo. Viajó desde Valencia, estado Carabobo, con la mala noticia retumbándole en el corazón. Le había rogado mucho a su hijo que regresara a casa.
Asumir gastos funerarios se ha convertido en un dolor de cabeza para los familiares, pero cuando se trata de muertes violentas, el escenario se hace aún más complicado. Fuentes de la morgue de Bello Monte señalan que se han presentado casos en los cuales los parientes se ven obligados a dejar los cuerpos en la medicatura forense para que posteriormente sean enterrados en una fosa común.
Aunque Cacúa no llegó a ese extremo, su trabajo como carpintero no le daba para cubrir los gastos del velorio y entierro, que pueden sumar más de 15 millones de bolívares. Las compañías funerarias, por su parte, aseguran que los precios prácticamente suben a diario por la hiperinflación que padece el país. Por eso el padre tuvo que iniciar los trámites para pedir la donación de una urna y una fosa en el Cementerio General del Sur, otorgada por la Alcaldía del municipio Libertador.
“Fueron ocho días horribles; yo me tuve que ir a Caracas luego de que me enteré de lo que pasó. Un día no me lo entregaban en la morgue porque ya era tarde y no trabajaban, otro día me faltaba un papel, otro día otra demora y siempre fue un protocolo que además me hizo gastar más dinero del que se tenía previsto en copias, taxis y comidas en la calle”, contó.
Un seguro no tan seguro. Tener años y años, tal vez toda la vida, pagando un seguro funerario no es garantía alguna: cuando surge la emergencia de una muerte por violencia, muchas personas no pueden recurrir al beneficio porque las funerarias exigen el dinero inmediatamente. Según las compañías, las aseguradoras se demoran entre 10 y 20 días para cancelar, y eso no les funciona debido a los incrementos de precios por la crisis económica.
Sorlys Poleo, madre de Wandry Ayarí Pérez Poleo, se topó con esas trabas al organizar el velorio tras el homicidio de su hija en el kilómetro 4 de El Junquito el domingo 26 de noviembre en la noche.
“En el seguro me decían que yo diera el dinero y ellos me daban el reembolso, pero nunca me iban a devolver el 100%, iba a perder yo; entonces tuvimos que usar el seguro de su papá, que nada más cubrió 3,5 millones de bolívares”.
Poleo vive en Propatria y no contaba con los ingresos para cubrir todos los gastos. Dos hijos que residen en Panamá le enviaron dinero y así pudo resolver el costo de las dos camioneticas que usó para trasladar a sus parientes, los taxis, las coronas, la fosa y las fotocopias de los trámites.
“Además de todos los trámites, que no dejan que uno asimile la pérdida, nunca voy a olvidar que el empleado funerario que vistió a mi hija la trataba como a un muñeco. Le había comprado un gorrito para tratar de tapar el tiro en la cabeza, y cuando el señor se lo estaba poniendo fue muy brusco; del dolor tuve que salirme porque no podía soportar que la trataran así”.
Sin dinero ni para fotocopias. Además de los pagos relacionados con el funeral, los parientes también deben correr con el gasto de las fotocopias en la Medicatura Forensede Bello Monte, el cual aumenta si el fallecido tiene hijos, pues deben llevarse copias de las partidas de nacimiento o cédulas. Adicionalmente hay que sacar duplicados de los documentos de padres, esposos y testigos, así como de la denuncia, en caso de muerte violenta.
Ante esta crisis, muchos han decidido alquilar las urnas y cremar a su ser querido. No obstante, aquellos que hacen frente a esos mismos trámites en caso de una muerte causada por arma de fuego no pueden, por motivos legales, tomar esa opción.
Y por si fuera poco, no todas las funerarias de Caracas aceptan velorios por muertes violentas, por medidas de seguridad. Así que este es otro dolor de cabeza que afrontan las familias en medio del dolor de la pérdida: buscar cupo en una funeraria que acepte difuntos por armas de fuego.
Así le sucedió a Yorman González cuando asesinaron a su hijo, Jhonjaiver González, de 20 años de edad, en un presunto enfrentamiento en Ciudad Tiuna el 16 de noviembre. Se vio obligado a esperar cupo en una funeraria donde sí lo aceptaban.
“Yo gasté entre 15 millones y 18 millones, y eso que el seguro de la mamá de mi hijo nos cubrió algunas cosas. Eso sucedió el jueves y esperamos tres días entre trámites y el cupo en la funeraria en San Martín. Luchamos para que pudiéramos enterrarlo en el Cementerio del Este, no queríamos un sitio feo para nuestro hijo”.
En las funerarias tratan de evitar que se generen enfrentamientos entre bandas rivales en las instalaciones o que se pueda producir una escena en la que los enemigos acudan a “rematar” a la víctima. También temen que algunos allegados al difunto consuman alcohol o drogas y el resto de las personas corran riesgos.
Cementerios toman medidas
Herddys Hernández, jefe de operaciones y servicios generales del Cementerio de El Junquito, explicó que desde hace cinco meses han implementado nuevas medidas para evitar tiroteos durante los sepelios.
Cuando se trata de homicidios específicamente, los entierros son planificados antes de las 10:00 am con el fin de prevenir que acudan personas ebrias o bajo efecto de las drogas, como ocurría cuando se hacían entierros a las 2:00 pm.
Además, cuentan con una alcabala de la Policía de Caracas en la entrada del camposanto y las motocicletas deben dejarse estacionadas allí.
Esas medidas también se han tomado en el Cementerio General del Sur, escenario de enfrentamientos anteriormente, incluso cuando no había sepelios, pues hasta allá escapaban presuntos delincuentes que bajaban de El Cementerio o la Cota 905.
“Me costó conseguir una funeraria que aceptara el tipo de muerte y que se ajustara al dinero que teníamos. La pasé muy mal, tanto que ahora tengo problemas con la tensión después de todo lo que viví para enterrar a mi hijo, que además tuvo que ser en un lugar de mala muerte”, manifestó Germán Cacúa.
Otra costumbre que se ha visto afectada por la inseguridad, además de los costos, es la de pasar toda una noche con la urna en la sala de la vivienda, acompañada por familiares, amigos y vecinos.
“Nosotros cobramos más para hacer traslados a casas, que generalmente quedan en barrios. Además, los mismos familiares ya saben que es más peligroso y riesgoso para todos y prefieren hacerlo en las funerarias”, explica una empleada de la funeraria La Central, que por medidas de protección pidió no revelar su nombre.
El gerente encargado de la funeraria Nazaret, que tampoco quiso publicar su identidad, sostuvo que además de ser muy inseguro hay parientes que no tienen suficiente espacio en sus casas y prefieren dirigirse a una capilla.
Con pintura negra y madera sustituyen las lápidas robadas
La fosa donde reposa el cuerpo de Wandry Ayarí Pérez Poleo, asesinada el 26 de noviembre, no tiene identificación porque se la llevaron los delincuentes, situación que se repite en la mayoría de las tumbas de la parcela M, en el cementerio de El Junquito.
Sorlys Poleo señaló que esa no es un problema nuevo. Hace 10 años sepultó a otro de sus hijos, Cristian Poleo, asesinado cuando era un adolescente. Hace un año fue hurtada la lápida que lo identificaba.
Los parientes decidieron identificar las tumbas de otra forma para prevenir los hurtos: con pintura negra, madera, o materiales resistentes al sol, pero que no sean tan llamativos para el hampa como el mármol. “Averigüé para hacer una nueva lápida con otro material y cuesta 800.000 bolívares; quizá cuando consiga el dinero aumente”, dijo con cara de tristeza y resignación.