La central de trabajadores ASI Venezuela señaló que el ingreso debe estar basado en el artículo 91 de la Constitución que señala que «todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
En el marco de la Asamblea de su Consejo Sindical Nacional, la organización que defiende los derechos de los trabajadores indicó que el diálogo social tripartito es la mejor forma de anclar el salario a lo que establece la Carta Magna.
«En medio de una inflación acumulada, de 2013 a febrero de 2022, de 823.045.856.812%, decretar un ajuste salarial que pasó de 7 a 130 bolívares es una evidencia clara de que no existe una política salarial por consenso tripartito que nos permita a los trabajadores mejorar nuestra progresividad de derechos humanos laborales y la precarización de nuestras vidas estos últimos años», indicó la presidenta de la Central, Marcela León.
Explicó que «seguir haciendo ajustes insuficientes es una política de vaivén, improvisada e insostenible, que se pulveriza al no existir una política estructural, ajustes coyunturales, se esfuman y desvanecen como sal en el agua».
«Seguimos en los niveles de pobreza extrema. Nos hacemos la pregunta: ¿a quienes beneficia este ajuste insuficiente?, ¿cuál es la fuerza de trabajo que lo percibe, si la mayor fuerza de trabajo en Venezuela está en el sector informal no dependiente de la economía?», agregó.
La dirigente sindical indicó que la política de la salarización de los bonos laborales pagados por la plataforma Patria no puede vulnerar los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas y actas de convenio.
«Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales para que revisen las tablas APN y los derechos adquiridos para que reclamen a sus patronos directos las primas, bonos y subsidios contractuales, las ajusten y se respeten los porcentajes y baremos de diferenciación en las tablas que más beneficien a los trabajadores en respeto a los principios de intangibilidad, progresividad y derechos adquiridos», dijo.
En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores en el sector privado, ASI Venezuela alertó que «se mantiene el pago de bonos de asistencia en los comercios y empresas, sin incidencia en prestaciones sociales, vacaciones y utilidades. Esto afecta su patrimonio e igualmente afecta la actividad y dirigencia sindical de quienes no pueden organizarse ni formarse, ya que por su inasistencia por ejercicio de actividad sindical, y de formación, el bono se le descuenta, lo que afecta su ingreso familiar».
León hizo un llamado al gobierno central «para construir por consenso tripartito escuchando a los actores del proceso social del trabajo, con el fin de recuperar el poder adquisitivo del salario y lograr un salario real, suficiente, justo y digno».
«Proponemos que haya una Ley de Emergencia Laboral que establezca una gobernanza laboral progresiva, que garantice seguridad jurídica, para estimular las inversiones, y que de esa forma crezca la producción y productividad, generando confianza y estímulos para el crecimiento y desarrollo del país, que permita el ingreso fiscal necesario para la sostenibilidad de los salarios, del sistema de seguridad social venezolano, de la educación, y de la mejora de los servicios públicos», puntualizó.