Tres pequeños fondos de inversión acumulan bonos venezolanos en default pretendiendo alinear una nueva estrategia de cobro. Esto, ahora que se desvanecen las esperanzas de un cambio de gobierno en Venezuela y el equipo de Nicolás Maduro intenta una nueva reestructuración.
Canaima Capital Management, con sede en la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha; Altana, basado en las Islas Caimán; y también Copernico, que opera en Uruguay, han comprado títulos a descuento entre tenedores que llevan casi tres años sin cobrar capital e intereses, señalaron ocho fuentes financieras en Caracas, Nueva York, Miami, Madrid y Londres, reseñó Reuters.
Un pequeño grupo de inversionistas tiene una visión distinta al consenso más amplio del mercado, que tras tantos meses de incumplimiento, cree hay detrás de la deuda venezolana poco valor y conviene esperar que el país encuentre una salida a la profunda crisis política y económica.
Por el contrario, aseguran que es hora de actuar y evaluar opciones legales, antes que aguardar por una negociación amistosa con los aliados de Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países como presidente interino de Venezuela, aunque aún no ha podido controlar el poder.
Al amplificar estas preocupaciones en el mercado, los fondos alimentan el nerviosismo y la disposición de un grupo de tenedores de bonos venezolanos de vender sus papeles, dijeron cuatro fuentes del sector financiero venezolano.
Altana, que según dos de las fuentes estaba ofreciendo comprar bonos este año, emprendió acciones legales contra Venezuela para intentar forzar el pago. El 8 de octubre demandó ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York que le paguen unos 108 millones de dólares por sus títulos venezolanos en default.
Copernico, que según un documento visto por Reuters maneja activos por unos 600 millones de dólares, ha acumulado bonos venezolanos con un valor nominal de entre 100 y 500 millones de dólares, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Señala que la cláusula de prescripción en los bonos «podría sacar al emisor del apuro» y sugieren que es hora de «actuar».
Las sanciones de la administración de Donald Trump prohíben a los fondos estadounidenses renegociar títulos emitidos por Venezuela, con el objetivo de bloquear cualquier oxígeno al gobierno de Maduro.
La vicepresidenta y ministra de finanzas venezolana del régimen, Delcy Rodríguez, reforzó la prescripción en una propuesta de septiembre que hizo para intentar renegociar con los tenedores de bonos, con el apoyo de un bufete en Europa.
Su propuesta llegó cuando los bonos emitidos por el gobierno de Venezuela se negocian cerca del 7% del valor nominal, mientras que los emitidos por la petrolera estatal PDVSA se venden en alrededor del 3%, según datos de Refinitiv Eikon. Los títulos cayeron en incumplimiento a fines de 2017.
El Comité de Acreedores de Venezuela, que agrupa principalmente a inversores estadounidenses, ha dicho repetidamente que la cláusula de prescripción es irrelevante, pues se activa una vez que Venezuela y PDVSA transfieren los pagos de capital e intereses a instituciones financieras, y eso no ha sucedido. Los bonos se rigen por la ley de Nueva York que contempla la prescripción a seis años.
El procurador especial designado por Guaidó dijo también que la cláusula de prescripción no se ha activado.
En un comunicado este mes, el comité agradeció la comunicación del funcionario designado por quien reconocen como presidente interino del país, Juan Guaidó; y reiteró «su voluntad de trabajar en una reestructuración amistosa», aunque declinó hacer más comentarios.
Es posible que si más inversionistas se agrupan en estos fondos fuera de Estados Unidos, el gobierno de Maduro se apresure a intentar alguna negociación, dijeron dos de las fuentes consultadas.
A la par de la propuesta de Maduro de reconocer el pago de intereses pese a la prescripción, la oficialista asamblea constituyente, aprobó una ley «antibloqueo» que permitiría ceder manejos en el área petrolera y negociar con los bonistas. Con la ley «se buscan fórmulas, porque los tenedores, los inversionistas son exigentes con la seguridad jurídica», dijo Hermann Escarrá, un influyente constituyente cercano a Maduro.
Pese a las aclaratorias, el ruido sigue en el mercado, y mientras algunos tenedores se animan a salir de sus papeles, otros ven una oportunidad. «(La de Maduro) fue una jugada audaz, que favorece a estos fondos», dijo un asesor financiero en Caracas familiarizado con el caso. (Reporte de Corina Pons, Mayela Armas, Luc Cohen; con información adicional de Brian Ellsworth. Editado en español por Gabriela Donoso)