El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de 101 organizaciones no gubernamentales, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta.
Las Misioneras de la Caridad fue creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) luego de una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta. Mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el 15 de junio.
Con urgencia y sin debate
La disolución de las organizaciones la aprobaron los diputados sandinistas y sus aliados con carácter de urgencia y sin debate. Otros 15 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y 1 se ausentó.
La ilegalización de las ONG la propuso el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.
“Incumplieron obligaciones”
En un informe del gobierno se afirma que las Misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones establecidas en la ley que los regula y en la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tenían permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.
Además, no reportaban activos fijos ni sus actividades de su sede en la ciudad de Granada: hogar de niñas, comedor, guardería y reforzamiento de aprendizaje.
Asimismo, los saldos de ingresos por donaciones no coincidían con los reportados en los informes presentados, y no presentaron contabilidad formal de su patrimonio con sistemas contables generalmente aceptados, de acuerdo con la información oficial.
Otro motivo para disolver esa ONG, alegó el Ministerio de Gobernación, es que la junta directiva estaba integrada únicamente por ciudadanas de otras nacionalidades, y la nueva ley que los regula, en vigor desde hace dos meses, establece que solo 25% de las personas que integran la directiva pueden ser extranjeras.
Monjas cierran obras y se van de Nicaragua
Las religiosas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que comenzaron a abandonar Nicaragua luego de recibir una notificación del Ejecutivo, administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Granada. Allí albergaban a adolescentes abandonados o víctimas de abusos, a quienes les brindaban ayuda psicológica y educación integral.
Junto con las clases regulares, enseñaban música, teatro, costura, belleza y otros oficios para que se pudieran reinsertar en la vida. Asimismo, contaban con un asilo de ancianos en Managua, a quienes les proveían alimentación, vestimenta y otros cuidados.
También desarrollaban un proyecto en el que brindaban reforzamiento escolar a estudiantes en situación de riesgo, en su mayoría hijos de mujeres trabajadoras de los mercados populares. Además tenían una guardería en la que cuidaban a decenas de niños de familias de escasos recursos, cuyos padres no tienen para pagar por el cuidado de sus hijos.
Esas obras benéficas comenzaron a suspenderse gradualmente desde el 15 de junio, cuando las autoridades les noticiaron que los iban a cerrar.
Nicaragua ha cerrado 758 ONG
Además de las Misioneras de la Caridad, quedaron disueltas la Asociación de Reporteros Gráficos de Nicaragua, Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón, Fundación Maternal Mi infancia, Asociación para el Desarrollo de los Niños y Niñas Nicaragüenses, Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Niños y Mujeres Abandonadas, entre otras.
Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro se elevan a 758 las organizaciones no gubernamentales -de más de 6.000- cuya ilegalización pidió el Ejecutivo nicaragüense.
Estas medidas las promueve el régimen desde diciembre de 2018, ocho meses después de estallar una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.