Jorge Yunda, alcalde de Quito, reveló que la capital de Ecuador pierde diariamente casi 300 millones de dólares por daños, el paro comercial y la falta de exportaciones de su aeropuerto, originados por las protestas contra las medidas económicas del gobierno.
En una comparecencia, Yunda se mostró preocupado por la situación antes de dar a conocer una evaluación negativa no vista en las últimas décadas.
Dijo que los disturbios que se iniciaron el jueves simultáneamente con el paro de transportistas, han destruido el centro histórico.
Precisó que que más de 200 agentes de tránsito fueron agredidos y 2 de ellos retenidos y posteriormente liberados. A esto se suma una decena de motos incendiadas por los manifestantes.
Añadió que se han registrado alrededor de 110 millones de dólares en pérdida diarias por les efectos de la situación en el comercio y la productividad en la ciudad. La caída de otros 180 millones de dólares se relaciona con exportaciones a través del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito.
La autoridad municipal subrayó la incertidumbre que provoca la situación, así como el desconocimiento sobre cuándo se anunciará una solución.
Yunda precisó que se registraron daños considerables en mobiliario urbano, así como en vehículos, contenedores de basura de una empresa subsidiaria del municipio de Quito, áreas patrimoniales y cámaras de seguridad. Mencionó también saqueos en centros comerciales, especialmente en el sur de la ciudad.
Reportó también agresiones a vehículos de equipos de atención de emergencia como ambulancias y carros de bomberos.
Estado de excepción
Ecuador afronta su segundo día de estado de excepción decretado por el gobierno, con una reducción en la intensidad de las manifestaciones.
Las protestas estallaron por la eliminación de subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
La titular del Interior, María Paula Romo, calculó en 350 las personas detenidas desde que comenzaron las manifestaciones, entre ellas dirigentes del transporte en Quito y en el sur del país.
A raíz del bloqueo de los transportistas y los actos violentos, el gobierno decretó el jueves estado de excepción por 60 días, con el objeto de garantizar el suministro de servicios básicos a la población.