Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unimet, propuso crear un fondo de pensiones que sea manejado por el sector privado y que funcione mejor que el Seguro Social.
La iniciativa surge en respuesta al nuevo proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo que contempla establecer una carga a las empresas para presuntamente mejorar el pago de los pensionados en el país.
En una entrevista para el Circuito Éxitos de Unión Radio, Oliveros señaló que, si bien es necesario incrementar los ingresos de los pensionados, los recursos no deberían salir de una carga tributaria más a las empresas.
Indicó que debe haber un cambio institucional importante de quienes manejan estos fondos, pues desde hace años han incrementado los problemas alrededor de las pensiones. Por ello, consideró que un nuevo fondo debería ser manejado directamente por el sector privado.
El economista también señaló que debe modificarse la ley del trabajo si se quiere realizar un aumento salarial que beneficie a todos los venezolanos. «Como está la ley actualmente, desincentiva los aumentos del salario. La única manera de aumentar los recursos es a través del tema petrolero», dijo.
Oliveros señaló que aunque las cifras del presupuesto nacional no están claras, pareciera viable para el Estado establecer un salario de 200 dólares. Sin embargo, esto podría tener consecuencias negativas en cuanto al descuadre fiscal, el tema inflacionario y presupuestario.
Destacó que el Estado debería tener ingresos por otra vía y no generarlos vía empresa porque el ajuste es muy fuerte.
Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, coincidió en que hay viabilidad de ofrecer un salario de al menos 200 dólares y recordó que las centrales sindicales ya realizaron dicha propuesta a los entes competentes.
En la propuesta, consultada por economistas y expertos, se incluiría a 10 millones de trabajadores, entre ellos más de 5 millones de pensionados.
También recordó que en 1986 la ley de jubilaciones y pensiones estableció 20 años para guardar un fondo para esa actividad y a la fecha no se sabe dónde está.
«La situación es inaguantable, es un genocidio según el estatuto de Roma», manifestó.