Elena Rodríguez, vicepresidente de los concesionarios Automotriz Latino y Centro Mercantil, promotores del juicio contra General Motors que generó el embargo de los bienes de la planta de la ensambladora en Valencia, negó que el gobierno haya confiscado las instalaciones, como fue divulgado nacional e internacionalmente.
“El gobierno venezolano ni expropió ni confiscó la propiedad de la planta de GM. La decisión de embargo fue producto de un litigio que duró 17 años entre particulares”, indicó.
Contó que el año 2000 la ensambladora les envió una carta pidiéndoles que cerraran sus puertas. “Las razones de peso eran que habíamos publicado avisos con precios en la prensa y que habíamos despedido a un gerente general sin el consentimiento de ellos. Consideramos que se nos estaban vulnerando derechos constitucionales después de tener 50 años con la concesión. Interpusimos un amparo que resultó favorable, ellos desacataron y ejercieron muchas acciones, todas fueron declaradas no ha lugar”.
Aseguró que en abril GM se “aprovechó” de la sentencia de embargo para cesar operaciones en el país y pagarles menos a sus trabajadores. “Quisieron hacer de esto un caso de conmoción internacional, para obtener beneficios. Liquidaron a los trabajadores en forma sencilla y con eso se ahorraron millones de dólares”.
Insistió en que el caso no es competencia de los gobiernos, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, que “intervinieron de buena fe”.