La junta directiva de Citgo anunció la designación de Jack Lynch como el nuevo director de Ética y Cumplimiento normativo de la filial petrolera.
A la par, Lynch continuará ejerciendo funciones como vicepresidente de Asuntos legales y Gubernamentales. Dicho cargo lo ocupa desde octubre de 2019.
«Como director de Ética y Cumplimiento normativo, Lynch le reportará directamente al presidente ejecutivo, Carlos Jordá, y tendrá acceso al Comité de Auditoría de la Junta Directiva», señaló Citgo.
Concretamente, Lynch será responsable de evaluar la efectividad del programa de cumplimiento normativo, hará evaluaciones de riesgo y promoverá una cultura de cumplimiento normativo y ética en la gestión del principal activo venezolano en el extranjero.
«Será además el responsable de continuar implementando las recomendaciones de la Junta referentes a acciones correctivas y mejoras en el programa de cumplimiento normativo», agregó.
Reestructuración de Citgo
Una de las primeras medidas tomadas por Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela fue realizar la designación de una junta para Citgo, con la venia de la Asamblea Nacional.
En febrero de 2019 se nombró a los miembros de dicha junta, liderada por Carlos Jordá. Consecuentemente, se contrataron empresas externas para que se hiciera una evaluación exhaustiva del cumplimiento de la normativa de la empresa.
Como resultado, se decidió realizar una reestructuración, con lo que se logró mejorar la puntuación de la filial venezolana en los marcadores de calificación crediticia.
Además, Citgo reportó una mejora operativa que implicó un aumento de la capacidad de refinación por concepto de 20.000 barriles de petróleo al día.
Creación de Consejo de Contraloría para la transición
La designación de Lynch como director de ética y normativa ocurre al mismo tiempo en que la Asamblea Nacional acordó crear un Consejo de Contraloría.
El Parlamento venezolano explicó que este nuevo organismo operará mientras se mantenga la usurpación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Entre sus funciones destacan ejercer mecanismos de control sobre los recursos de ayuda humanitaria para evitar que se desvíen a la corrupción. Además, deberá garantizar el buen uso de los activos de Venezuela recuperados por la presidencia legítima y el órgano parlamentario.