Para el momento en que Estados Unidos impuso las sanciones, las importaciones de medicina y alimentos de Venezuela ya habían retrocedido 80%, lo que detonó la crisis humanitaria en diciembre de 2015, bastante antes de las medidas tomadas por la Casa Blanca. “Muchos años antes de que se declarara el default para los tenedores de bonos venezolanos, ya Maduro había escogido hacer default en los estómagos de los venezolanos”, afirman en un trabajo Ricardo Hausmann y Frank Muci sobre las verdaderas consecuencias de las restricciones que ha impuesto el gobierno de Donald Trump.
En un documento publicado en el site americanuestra.com, el economista venezolano Ricardo Hausmann, representante del presidente interino Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, refutó cada una de las afirmaciones que hacen Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs en su trabajo “Sanciones Económicas como castigo colectivo: el caso Venezuela”, publicado en abril. El trabajo lo realizó con el economista Frank Muci, investigador senior del Laboratorio de Crecimiento del Centro de Investigaciones del Desarrollo.
La primera de las premisas de Weisbrot y Sachs que refutan es el parámetro que usaron estos dos especialistas para comparar el comportamiento económico venezolano desde agosto de 2017. Equipararon a Venezuela con Colombia, pues consideran que ambos son países similares y que además son productores de petróleo.
En principio, afirman que antes de las medidas de Trump las producciones petroleras de los dos países eran parecidas. Hausmann y Muci aclaran que ni siquiera extraen el mismo tipo de crudo ni se rigen por las mismas reglas de mercado. Mucho menos Colombia tiene la cantidad de reservas que tiene Venezuela. Pero van más allá al demostrar con números que la caída más grave de la industria venezolana se registra en la extracción de crudo medio y liviano, que es la que opera directamente la estatal Petróleos de Venezuela, y que esa disminución de barriles ocurre desde mucho antes de las sanciones.
“Si por el contrario comparamos Venezuela con el resto de los miembros de la OPEP, un grupo de países con reservas petroleras similares a las venezolanas, emerge una imagen clara. Mientras la producción venezolana fluctuaba alrededor de 10% del total de los países del grupo antes de que Chávez tomara el poder en 1999, comenzó a declinar sosteniblemente casi 2 décadas antes de las sanciones, como consecuencia de las políticas que incluyen el despido de cerca de 20.000 empleados especializados, las repetidas expropiaciones de producción y compañías de servicios del área, el desvío de sus fondos para actividades no petroleras y una grosera corrupción”, afirman los especialistas.
Figure 3: Participación de producción de crudo de Venezuela dentro de la OPEP (% of total) Fuente: EIA, OPEP (fuentes secundarias), cálculos propios
Insisten Hausmann y Muci que los mercados de capital internacionales ya habían cerrado las puertas a Venezuela meses antes de las sanciones de agosto de 2017. Habían comunicado que les parecía demasiado riesgoso prestar dinero al país, lo que no tuvo nada que ver con las medidas de Trump, y aseguran que muchos financistas insistían en que Maduro no era capaz de revertir el declive económico venezolano.
En enero de 2019 se dictaron otras medidas en contra de la estatal petrolera, que restringía la posibilidad de que ningún estadounidense mantuviera relaciones comerciales o financieras con Pdvsa. Aunque las medidas iban a entrar en vigencia en abril de este año, el declive de la producción petrolera comenzó en enero.
Figure 4: Colapso de importaciones de medicinas. Fuentes: Miguel Santos con datos del CID Atlas of Economic Complexity
“Después de todo, Venezuela ha podido evitar las sanciones redireccionando la venta de crudo de Estados unidos a India, China y Rusia. Pero eso no evitó el apagón generalizado que paralizó al país y que tiene mucho que ver con la disminución de la producción de crudo”.
Hausmann y Muci hacen hincapié en la falta de mantenimiento del sistema eléctrico que afectó todas las áreas de producción del país, pero advierten que el colapso energético comenzó mucho antes, desde que Chávez volvió a hacerlo parte de las empresas del Estado en 2007 y con la excusa de la “emergencia eléctrica” de 2009 se destinaron más de 50 billones de dólares para el sector que jamás se invirtieron y se diluyeron en corrupción.
“Políticas perversas y mal manejo de los recursos explican el colapso de Venezuela. Las sanciones financieras han evitado que el régimen siga hipotecando el futuro del país. Están pensadas para presionar al régimen para que negocie un retorno a la democracia y al respeto a la Constitución. Las sanciones petroleras están diseñadas para restringir el acceso del régimen a recursos con los cuales puedan continuar la opresión. Nadie discute que esto podría afectar el desarrollo de Pdvsa, pero eso ha puesto a Venezuela más cerca de un cambio de régimen.
“Se entiende que los autores no estén de acuerdo con el uso de sanciones para presionar a la dictadura venezolana. Lo que no se entiende es que malinterpreten los efectos con razonamientos débiles”, concluye el documento.
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