Un impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza es un tributo basado típicamente en el valor de mercado de los activos que posee una persona o en el valor del patrimonio contable de una persona.
A diferencia de los impuestos sobre los ingresos, típico caso del Impuesto sobre la Renta, los impuestos al patrimonio gravan las posesiones en vez de las ganancias.
En Venezuela se trata de un tributo anual que grava la totalidad del patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como Sujetos Pasivos Especiales, también conocidos como Contribuyentes Especiales.
Impuesto a los Grandes Patrimonios
Desde 2019, cuando se creó esta exacción, según el criterio del Seniat todos los Contribuyentes Especiales están obligados a presentar la declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), aunque sólo están obligados a pagar, según lo que establece la Ley Constitucional, aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio igual o superior a 150 millones de Unidades Tributarias.
Al momento de escribir este artículo, la Unidad Tributaria está valuada en mil quinientos bolívares (Bs 1.500,00). Para ayudar al lector a hacerse una idea práctica, si bien todos los contribuyentes calificados como especiales por el Seniat deberán presentar su declaración de Impuesto a los Grandes Patrimonios sólo deberán pagar este impuesto quienes posean un patrimonio neto con un valor igual o superior al equivalente en bolívares de 640.000 dólares.
Hasta tanto no se produzcan modificaciones por parte del Ejecutivo los contribuyentes sujetos a este impuesto deberán pagar 0,25% de su patrimonio. Volviendo al ejemplo que poníamos, lo mínimo que deberán pagar por concepto de IGP aquellos obligados a declarar y pagar es el equivalente en bolívares a 1.600 dólares.
El problema
En la práctica, el problema con los impuestos al patrimonio es que contribuyentes con bajos ingresos pero con activos de alto valor son sujetos del impuesto y pueden tener problemas de flujo de caja para pagar el tributo.
Considerando que en 2020 la mayoría de las empresas en Venezuela han estado severamente limitadas en sus actividades por los confinamientos sanitarios para la prevención del covid-19 y a eso se le tiene que sumar la crisis económica e hiperinflación que vivimos desde hace muchos años resulta sumamente difícil para una empresa, que posiblemente tenga un patrimonio valuado en más de 150 millones de Unidades Tributarias, el tener flujo de caja para cumplir con esta obligación.
El período para presentar y pagar la declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios comienza en octubre y termina en noviembre de 2020. Las fechas varían para cada contribuyente dependiendo del terminal del número del Registro de Información Fiscal (RIF) y están publicadas en el Calendario de Contribuyentes Especiales.
Es propicio el momento para comenzar a analizar con calma y objetividad el entorno, eso incluye claro está el marco normativo y también considerar el estado de tus finanzas, operaciones y la salud de tu negocio luego de más de ciento ochenta días de interrupción de la actividad económica normal del país.
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