Las convenciones colectivas de la salud y Cantv-Movilnet reafirman la estrategia del gobierno de imponer unilateralmente los incrementos de salario en todo el sector público nacional y regional, que emplea 3,2 millones de trabajadores, afirmaron sindicalistas.
“El texto de la normativa laboral (contrato colectivo) de la salud no prevé ningún aumento de salario, lo que deja esa materia al presidente Nicolás Maduro mediante los anuncios de ajustes del salario mínimo aplicados a las escalas de sueldos del sector público”, dijo Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
El sábado Maduro y directivos afectos a las federaciones de la salud y telecomunicaciones, Fenarsirsalud y Fetratel, respectivamente, suscribieron los contratos dejando fuera de la mesa de negociación a los gremios como bioanalistas y psicólogos, y organizaciones sindicales independientes y chavistas críticas.
El representante de Fetrasalud e Igor Lira, directivo de Fetratel, denunciaron que los sindicalistas firmantes de los acuerdos son constituyentes, cargo que por ser de dedicación exclusiva implica su renuncia a las organizaciones de trabajadores que regentan.
Insistieron en que el trasfondo de las convenciones colectivas, firmadas en un acto transmitidos por los medios de comunicación, es político en una demostración de poder para implantar un modelo corporativo laboral propio de las dictaduras fascistas y comunistas. “El dirigente sindical debe defender los derechos e intereses de los trabajadores no los del patrono gobierno ni los del PSUV”, recalcó Lira.
Zambrano señalo que el bono compensatorio por el tiempo que se llevó la discusión del contrato, vencido hace 3 años y que ampara 400.000 trabajadores activos y 82.000 jubilados, lo bajaron de 3 millones a un millón de bolívares. “Las cláusulas de útiles escolares y juguetes las fusionaron en una sola con un bono de 400.000 bolívares que pagarán en 2018 y no aumentaron la de servicio funerario”, explicó.
El dirigente destacó que si bien se logró la homologación del ticket de alimentación de los jubilados con el de los trabajadores activos, lo cobrarán a partir del año próximo pese al punto de cuenta 020 con fecha 26 de abril pasado de la ministra de Salud, Antonieta Caporal, que ordena el pago desde el 1º de mayo de 2017.
“La contratación colectiva de la salud no contempla las previsiones para proteger el ingreso de los trabajadores contra la inflación”, advirtió Zambrano. Precisó que en lugar de la dotación de uniformes les pagarán un bono equivalente a un salario mínimo para que compren la ropa de trabajo, cuando unas botas o un pantalón cuestan mucho más que ese monto.
Lira agregó que a la fecha los trabajadores de la Cantv y Movilnet, empresas que emplean 17.000 personas, desconocen el contenido del texto del contrato colectivo suscrito el sábado y temen que nuevamente los 13.000 jubilados de la telefónica sean excluidos de los beneficios contractuales.
Ambos dirigentes señalaron que acudirán a todas las instancias laborales y legales para impugnar unos convenios colectivos, cuya discusión y contenidos de los textos definitivos irrespetan la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Los sindicalistas recordaron que la imposición gubernamental de las condiciones contractuales a los trabajadores ya ocurrió en el Metro de Caracas y en el magisterio, por lo cual les preocupa que ese proceder se repita en la discusión de los nuevos contratos de la industria petrolera y la Corporación Eléctrica Nacional.
El Dato
El sindicato de trabajadores de la Cantv Caracas introdujo ayer un reclamo ante el Ministerio del Trabajo en el que exige levantar la suspensión en el cargo y paralización del pago de los salarios a 50 empleados de la capital. “Esta acción contra los trabajadores es parte de una política nacional de la empresa telefónica del Estado”, informó el dirigente de Fetratel, Igor Lira.