General Motors Co aseguró que tomará las acciones legales correspondientes luego de que el gobierno venezolano le confiscara una planta en el centro industrial Valencia, según reseñó Reuters este jueves.
La compañía espera con esta acción recuperar sus derechos. La confiscación se produce en el contexto de la crisis económica que ha afectado a muchas empresas.
“Ayer, la planta de GMV fue inesperadamente tomada por las autoridades públicas, evitando las operaciones normales. Además, otros activos de la compañía, como vehículos, han sido retirados ilegalmente de sus instalaciones”, se lee en un comunicado difundido por General Motors Venezolana.
La medida tendrá consecuencias para sus 2.678 empleados, 79 concesionarios y proveedores. Temen que el daño causado sea irreparable.
La escasez de materia prima por los controles de precio así como la estancación de la producción ha afectado a la industria automotriz, destacó Reuters.
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