El gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por seis meses la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
Así se lee en el Decreto Presidencial número 4.865, publicado en Gaceta Oficial número 42.717, en el que Maduro ordenó la prórroga por otro semestre del proceso de intervención del organismo, el cual está envuelto en un escándalo de corrupción.
En el documento, de fecha 19 de septiembre de 2023, se explica que la prórroga entra en vigencia a partir del 17 de septiembre de 2023.
Según precisó la normativa, el presidente y demás miembros integrantes de la Comisión de Reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la culminación de la prórroga.
La Sunacrip, uno de los primeros organismos gubernamentales en regir el ecosistema de bitcoin y criptomonedas en la región latinoamericana, fue intervenida en marzo de 2023 por su vinculación con un escándalo de corrupción en el cual participó su expresidente, Joselit Ramírez.
El gobierno venezolano ordenó la reestructuración de seis meses de ese organismo. También se ubicó y apresó a Ramírez, a quien se le señala de coparticipar en un esquema que usó a la Sunacrip para el robo de más de 3.000 millones de dólares al Estado venezolano, según el gobierno.
Incertidumbre
Con esta decisión se culmina un primer período de intervención, el cual derivó, entre otras cosas, en la desaparición física de las oficinas de Sunacrip, así como en despidos masivos de trabajadores y una serie de fallas en la plataforma Petro, revela CriptoNoticias.
La intervención de Sunacrip también generó que miles de mineros de Bitcoin fueran desconectados. Si bien no por orden directa la junta reestructuradora, sí por otras entidades gubernamentales (como Corpoelec) y por decisión propia de los operadores. Esto lo asegura el director jurídico de la privada Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip), Alejandro Blanco.
Se reportó recientemente que la junta interventora de Sunacrip solicitó a los mineros que renovaran sus licencias para operar. Esto lo hicieron de manera casi automática, con la esperanza de reanudar las operaciones. Y es que el congelamiento de operaciones ha costado pérdidas de millones de dólares para los mineros y el propio gobierno venezolano.
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