La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia presentó ayer su informe anual en la Cámara de Comercio de Maracaibo. “El capítulo más duro de este informe es el de la emergencia humanitaria en Venezuela”, aseguró Daniela Guerra, directora del organismo.
“El acceso a los alimentos es cada vez más difícil para la población”, señaló.
En el documento se señala que el Estado venezolano no tiene capacidad para hacer frente al desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos para los servicios de salud. La Codhez destaca que la situación se ha agravado, afectando aún más a las mujeres, niños y personas mayores: “La escasez y el aumento de precios de alimentos básicos han incidido gravemente en la nutrición de los zulianos y, en especial, a los niños y ancianos de zonas pobres”.
En todo el Zulia –especifica el informe– apenas hay cuatro servicios de recuperación nutricional: dos en la Guajira y dos en Maracaibo, lo que es insuficiente porque, según cifras de Cáritas, es el estado con mayor prevalencia de desnutrición aguda global, que lo hace ubicarse en 16%. Hay zonas de Maracaibo, como el barrio San Antonio de los Caños, en las que el índice de desnutrición infantil sobrepasa 60%.
La Codhez indica también que solo hay información que procede del seguimiento realizado por algunas ONG a los casos de desnutrición: “Según la fundación Milagro de Amor, durante 2017 murieron 17 niños por desnutrición. La fundación Ángeles Chiquinquireños prestó asistencia nutricional a más de 100 niñas y niños que sufrían de desnutrición en 2017, de los cuales 3 fallecieron en el curso del año”.
Sobre la crisis de los hospitales, alertó sobre la situación y el informe ofrece datos de la fundación Azul Positivo: el área de consultas del Hospital Universitario no tiene aire acondicionado, y la del Hospital General del Sur tiene hongos; en los hospitales Chiquinquirá y Central no hay médicos suficientes. El hospital Adolfo D’ Empaire, en Cabimas, solo se atiende una vez a la semana.
Destaca de igual forma los problemas para tratar a los niños con cardiopatías y el reclamo de los pacientes renales que durante todo 2017 se vieron afectados por la escasez de insumos y medicamentos, así como el deterioro de los centros de diálisis. “Se reportaron fallas en la Unidad de Diálisis del Hospital Universitario de Maracaibo (donde además se denunció contrabando de insumos y medicamentos), en el Hospital General del Sur, y las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: Unidad Centro del Sol y Centro de Diálisis de Occidente”.
En el informe se documentan la discriminación y detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como los excesos en el control de manifestaciones; la situación sobre derechos políticos en el contexto de la asamblea nacional constituyente y la crítica situación de los pueblos indígenas de la entidad.
“Según nuestros reportes se detuvieron a 635 personas en el marco de las protestas, 160 de las cuales fueron presentadas en tribunales militares”, afirmó Guerra.
Reveló que hubo 14 muertes y 635 detenciones arbitrarias de abril a julio de 2017, “siendo el Zulia el estado que registró más detenciones por día en el ámbito nacional”.
La organización de derechos humanos destaca: “El ejercicio autoritario del gobierno ha empeorado la crisis política y económica y, en consecuencia, la vulneración de los derechos alcanza todos los ámbitos de la vida de los venezolanos”, lo que ha llevado a profundizar la emergencia humanitaria.
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