Venezuela no tiene capacidad para aumentar el salario mínimo, fijado en 130 bolívares mensuales -3,5 dólares a la tasa oficial actual-, por las limitaciones económicas del país, las obligaciones de la Ley del Trabajo y el gasto público que representaría para el Estado, según expertos.
Ante la imposibilidad de asumir estas cargas, tanto el gobierno -que apunta a las sanciones como el factor determinante que impide el incremento salarial- como el sector privado pagan a sus empleados bonos que no inciden en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, mientras que el salario mínimo no se ajusta desde 2022.
El presidente Nicolás Maduro justifica los bonos como parte de una fase de resistencia ante la crisis económica que generan las sanciones internacionales.
Sin embargo, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, dijo a Efe que la legislación laboral es uno de los condicionantes que impiden incrementar el salario mínimo.
«(La Ley del Trabajo) genera unas rigideces muy fuertes para el patrono (…), sobre todo lo que está ligado a prestaciones sociales, que tienen un carácter, de alguna manera, retroactivo, y que su crecimiento puede llegar a ser exponencial», explicó Oliveros.
Aumentar el salario mínimo -agregó- implicaría «costos significativos», en particular para el Estado, que es «el principal empleador» del país, con una nómina de 2,5 millones de trabajadores activos -según cálculos de Ecoanalítica-, aunque la carga es mucho mayor, pues hay que sumar a los jubilados y a alrededor de cuatro millones de pensionados.
«No es un tema de ganar 100 dólares, 200 dólares, es un tema de que, con el flujo actual de ingresos que tiene el Estado venezolano, es insostenible darles un ingreso, vamos a utilizar la palabra ‘digno’. Este Estado es inviable con ese número de trabajadores», agregó.
Aumentar salario mínimo
El economista Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, dijo a Efe que aumentar el salario mínimo implicaría, además, «ajustar toda la escala salarial» de empleados públicos, según su rango, y el gobierno ha manifestado que «no tiene los recursos para enfrentar una carga de esa magnitud».
Entre trabajadores públicos activos, jubilados y pensionados, dijo Vera, se puede gastar el presupuesto de la nación solo en ese volumen de dependientes.
Añadió que «congelando» el salario mínimo, el gobierno mantiene «a raya el gasto fiscal» y no necesita «imprimir tanto dinero como lo hacía antes en la época de la hiperinflación, para tratar de cumplir con esas obligaciones».
«La lógica que está detrás de esta política es que si yo aumento los salarios, entonces tengo que buscar recursos que no tengo. La actividad económica no repunta, los ingresos petroleros tampoco y los impuestos que se cobran por esa vía tampoco son muy altos (…) si no tengo suficientes ingresos, tengo que crear dinero», explicó.
Ese «exceso de bolívares» -dijo Vera- se va al mercado y se cambia por dólares, lo que eleva el tipo de cambio y, como consecuencia, los precios de la economía en Venezuela.
Para el economista, la figura del salario mínimo «ha sido destruida» en Venezuela, mientras que «en los países europeos es una conquista laboral», así como una «posibilidad de organizarse, de negociar el salario a través de convenciones colectivas».
«El salario mínimo es parte de esas conquistas laborales que en Venezuela pereció», concluyó.