La economista María Antonia Moreno señaló, en un ensayo publicado como parte de la serie Notas sobre la economía venezolana, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, que la reforma de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTDF), impuesta por el gobierno a las operaciones en divisas no favorece la recuperación del uso del bolívar.
La experta explicó que la reforma se impone en un contexto inadecuado debido a «la persistencia de políticas macroeconómicas no sostenibles que, más bien, han influido en la dolarización de la economía».
Sin embargo, los motivos que sustentan la reforma plantearon dos objetivos fundamentales: incorporar las transacciones financieras en moneda extranjera al IGTF y ampliar el alcance de ese impuesto.
Economista respecto a los objetivos del IGTF
Con el primer objetivo se quería lograr un mayor balance de esas transacciones con las que se realizan en bolívares, mientras que con el segundo se quería aumentar la recaudación tributaria.
Respecto a ambos, Moreno indica: «Con ambos propósitos, el gobierno revela intenciones de retomar el control de la economía perdido por causa de la dolarización y, a la vez, obtener recursos para expandir el gasto público».
Recuperación de la economía
Por otra parte, «expandir el gasto público sin causar inflación exige renunciar a la monetización del déficit fiscal y generar ingresos de fuentes fiscales ordinarias».
Así como, según la economista, «ganar señoreaje por la vía del aumento de la demanda de saldos reales en bolívares; por esta vía, se contribuye a la consolidación fiscal, condición necesaria en procesos de desdolarización».
Aunque para que el IGTF sea un contribuyente para el alcance de estos objetivos dependerá de que aumente la demanda de saldos reales en bolívares. Para Moreno, «mejorar la situación de las devastadas finanzas públicas del país es indispensable».
Sin embargo, «hacerlo con la reforma del IGTF no luce sostenible porque se apoya en medidas de fuerza que desestimulan la intermediación crediticia y fomentan la informalidad».
Que además, para la economista «contribuyen a la regresividad e ineficiencia del sistema tributario».
Por lo cual, «sin una reestructuración de las políticas macroeconómicas, la persistencia de estos factores a la larga termina por afectar negativamente la actividad económica, y por esta vía a la propia recaudación impositiva y, consecuentemente, a las finanzas públicas».
Pero la desdolarización no siempre es alcanzable «porque su efectividad depende, en alto grado, de la existencia de estabilidad macroeconómica, de la consolidación fiscal y de las políticas que garanticen su sostenibilidad».
La economista también se refirió a la sostenibilidad de las política económicas impulsadas por el gobierno. Resaltó que el viraje de la gestión macroeconómica no es garantía de estabilidad macroeconómica.
Tampoco lo es «la contención forzada de los agregados monetarios vía mantenimiento de un alto porcentaje de encaje legal, y del uso del tipo de cambio nominal como anclaje de los precios».
«La enorme contracción del gasto público y de la intermediación financiera denotan un sesgo anticrecimiento de la política económica», destacó.