Las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela aceleran el proceso de default de pagos de la deuda, que podría ocurrir esta semana, coinciden expertos. El último paquete de medidas anunciado por el gobierno de Donald Trump, el 24 de agosto, se complementa con el que había sido lanzado en julio, y tiene por objetivo cortar el financiamiento al gobierno de Nicolás Maduro.
“Las sanciones financieras implementadas en agosto son más significativas porque interrumpen toda nueva inversión directa en el país”, dijo Shannon O’Neill, del Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente centro de análisis estadounidense.
Venezuela tiene gigantescas reservas petroleras, pero es un país pobre en liquidez. “Sus reservas internacionales ascienden a 9.700 millones de dólares, siendo que su deuda externa se eleva a casi 110.000 millones”, apuntó por su parte Edward Glossop, economista de Capital Economics.
De esa forma las sanciones “aumentaron la presión sobre Nicolás Maduro, ya que se torna casi imposible garantizar el acceso a financiamiento”, dijo el economista Andrés Abadia, del grupo Pantheon Macroeconomics.
También se torna muy difícil para Venezuela vender obligaciones en el sistema financiero estadounidense. De esa forma el gobierno queda aislado y “la propensión de los inversionistas internacionales en adquirir la deuda del país disminuyó”, indicó Abadia.
De acuerdo con Abadia, Venezuela enfrenta no solo una caída de su producción petrolera con la posibilidad de «un colapso total de la economía, y su inflación es ahora la más elevada del mundo», calculada en más de 1.000% este año y que podría alcanzar 2.000% en 2018. En ese cuadro, “los riesgos de un evento caótico de crédito son significativos a cualquier momento”, añadió.
Glossop apuntó que ese desenlace podría ocurrir “hasta el fin de esta semana”, a menos que Petróleos de Venezuela y el gobierno “cubran pagos no efectuados recientemente que suman 500 millones de dólares”.
Hasta ahora el gobierno ha operado para evitar el cese de pagos al asumir como prioritario abonar vencimientos inmediatos, y ha dejado de lado las importaciones de alimentos y medicamentos. En este escenario, en relación con la reestructuración de la deuda anunciada el jueves por el gobierno, los economistas apuntan que podría estar comprometida a la vista de las circunstancias políticas.
El presidente Maduro ha puesto al frente de esa delicada misión al vicepresidente Tarek el Aissami, quien también es objeto de sanciones específicas por parte de Washington que lo acusa de corrupción.
Para el profesor Robert Kahn, de la Universidad Americana en Washington, la única salida a esta crisis es un cambio de gobierno. “Es necesario un cambio en el liderazgo… Es necesario nombrar personas que no sean objeto de sanciones, que estén dispuestas a reducir la presión sobre la población y reformar la economía”, añadió el académico.
En ausencia de un cambio, advirtió, Maduro tendrá dificultades de convencer a los acreedores, ya que las sanciones de Washington prohíben a ciudadanos o bancos estadounidenses adquirir nuevas obligaciones venezolanas o de Pdvsa.
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El Dato La agencia de calificación de riesgo, Moody’s, bajó la calificación de Petróleos de Venezuela por incumplimiento en el pago de los intereses de los bonos de deuda emitidos por la empresa. Sin embargo, el gobierno aseguró el 3 de noviembre que se habían iniciado los pagos del bono 2017 de Pdvsa. “La petrolera debía pagar 1.169 millones de dólares en capital por los bonos de 2017”, dijo Nymia Almedia, vicepresidente senior de crédito de Moody’s. La firma redujo la calificación de Ca (operaciones de deuda altamente especulativas con señales de posible default) a Caa3 (riesgo crediticio), indica el comunicado. |